Representación Política y Democracia por Ramón Vargas-Machuca Ortega

Artículo publicado en Claves de Razón Práctica (nº 179, 2008) con el título "En defensa de la democracia representativa"


Se acostumbra a considerar la representación como el componente de la democracia que, al menos de un modo básico, garantiza la participación política de los gobernados. Gracias a los mecanismos de la representación los ciudadanos pueden influir en los procesos de decisión pública, condicionar y controlar, hasta cierto punto, un poder tan imponente como el político, que además de ser un poder sin escapatoria tiene vocación de supremacía y pretensiones de legitimidad. Por esa razón probablemente la mayoría de las personas, según se desprende de los resultados de las encuestas de opinión, reitera una confianza difusa y genérica en la democracia representativa. Pero las explicaciones y justificaciones de ese vínculo tan crucial entre democracia y representación han sido, por lo general, diversas y no exentas de polémica.



Prácticamente todo el mundo vincula hoy representación política con celebración de elecciones periódicas de representantes en condiciones no fraudulentas. Desde luego se considera requisito imprescindible para que pueda hablarse de democracia, siquiera en su expresión mínima. Es más, allí donde se ha producido un desempeño acertado de la representación, los valores de referencia de la democracia han impregnado más o menos la acción de los gobiernos a gran escala. Y, al contrario, allí donde -so pretexto de mejorar la democracia- se han escamoteado los mecanismos habituales de la representación, aquélla ha ido languideciendo hasta extinguirse. Gracias a estos hechos, poco discutibles, ha disminuido últimamente la nómina de los que tienden a contraponer, desde un punto de vista teórico o normativo, democracia y representación.



No obstante, pervive entre los estudiosos una divergencia notable en torno a los rasgos que caracterizan de modo singular la representación política y su relación privilegiada con la democracia. Tal disparidad de criterios explica que existan diagnósticos muy dispersos sobre sus deficiencias actuales y un repertorio de soluciones tan variado como desconcertantes. Así las cosas, intentaremos en este capítulo comprender la naturaleza de la representación política, su preeminencia como recurso de la participación popular y las condiciones de un funcionamiento valioso de sus instituciones más emblemáticas. Con esa perspectiva podremos hacernos cargo del calado de los problemas que esta representación experimenta, unos nuevos y otros seculares, y estaremos mejor pertrechados para atisbar alguna salida razonable al atolladero en que por distintas circunstancias se encuentra hoy atascada la democracia representativa.





Naturaleza de la representación política en democracia

La idea de representar ha significado y sigue significando muchas cosas. Dicho brevemente, representar es hacer presente lo que -o al que-, sin embargo, está ausente, suplir a algo o a alguien, tomar decisiones por otro (Pitkin, 1985: 264). Implica una relación entre representante y representado. Signos, imágenes e instituciones representan algo porque nos remiten simbólicamente a ese algo. Representar es también tratar de reflejar una realidad reproduciéndola a escala. Y se desempeña asimismo la representación cuando se “actúa por” otro -en vez de- o “se actúa para” otro -en su favor-, bien cuidando de sus intereses, bien porque se está autorizado a decidir en su nombre o bien porque se le rinde cuentas de modo periódico y tasado en aquello que nuestra ejecutoria compromete a ese alguien (Laporta, 1989:131). En algunos de estos ejemplos la función de representar sólo requiere la evocación o simplemente la presencia; en otros casos, algún tipo de actividad. Todo depende de cuál sea la naturaleza y alcance del vínculo que expresa la función representativa, a quiénes se adscribe dicho papel, cómo se seleccionan los representantes.



La representación constituye una necesidad social. Cuando los grupos interactúan como conjuntos de individuos, acostumbran a encomendar a unos pocos que actúen en su nombre o en su lugar. Más aún cuando los individuos forman sociedades políticas, destinadas a llevar a la práctica bienes colectivos de carácter básico para la supervivencia de la comunidad, porque entonces la labor de reemplazar un sujeto político por otro adquiere gran trascendencia social. De esta manera la representación emerge como solución institucional a la hora del manejo de los asuntos públicos, del gobierno de las decisiones que afectan a todos y sobre las que todos algo pueden decir o tener algún tipo de intervención (Pitkin, 1985: 247). El propósito de una teoría normativa de la representación es justificar alguna de las múltiples formas de materializar dicha forma de coordinar la interacción social, aportando razones y criterios en pro de aquel modelo concreto –principios, pautas, procedimientos, dispositivos– que produzca mejores rendimientos a la hora de satisfacer tan imperiosa necesidad.



Un gobierno representativo

La idea de representación política no se ha circunscrito sólo a las democracias (Manin 1998: c. 3). En realidad, todos los regímenes, a fin de apuntalar su legitimidad, aducen representar en algún sentido a los que están sometidos a su jurisdicción, tratando así que interioricen de la mejor manera posible su situación de sometimiento. Los gobernantes también se sirven de la representatividad como alegato para apuntalar fuera de sus dominios el prestigio y reconocimiento del propio régimen. Incluso en los Estados de Derecho y, a su vez, democráticos, instituciones que no derivan directamente su poder de una elección popular, desde el Rey a los jueces pasando por la burocracia, justifican en algún extremo su respectivo cometido apelando a que éste se desempeña en nombre o en beneficio de la colectividad a la que a su manera dicen representar. Las controversias sobre el gobierno representativo duran ya siglos, arrancan en los siglos XVII y XVIII. En cierta medida constituyen el telón de fondo de nuestra toma de posiciones, pero aquí vamos a circunscribirnos al examen de los argumentos normativos que justifican la indiscutible y a su vez reciente relación entre representación y democracia. ¿Hasta qué punto está fundada en los principios y valores de la democracia, hoy patrón básico e irrebasable de justicia? ¿Cómo debe configurarse y qué dimensiones debe desarrollar?, ¿cuál es el rasgo más definitorio del vínculo representante/representado? Estas cuestiones se convierten en todo un reto, máxime para quienes creemos que la solvencia de la participación ciudadana en una democracia constitucional depende, en buena medida, del adecuado funcionamiento de la representación política, sin pensar por ello que el repertorio participativo se agota en la actividad electoral y partidaria; al contrario, aquél abarca también, entre otras, las acciones de protesta y el asociacionismo civil.



Hay un abanico de teorías que, aun sin cuestionar la estructura básica institucional de la representación política, polemizan sobre cuál sea su dimensión fundamental y hasta dónde alcanza su potencial normativo. Parten del supuesto de que la capacidad de influir del pueblo consiste básicamente en actuar a través del gobierno. Y reconocen como umbral de la representación democrática el vínculo necesario con instituciones tales como la asamblea de representantes, el voto y unas elecciones periódicas competitivas celebradas conforme a previsiones y procedimientos reglados en condiciones de libertad y debate público. El funcionamiento de estos mecanismos faculta a los representados para decidir quiénes les representan y gobiernan, igual que a premiar o castigar su conducta confirmándolos en sus puestos o designando a otros nuevos.



Una de esas teorías, cuya discusión se remonta a los fundadores del gobierno representativo en la Inglaterra posterior a la guerra civil así como a los debates constituyentes de la Convención de Filadelfia en USA y la Asamblea Francesa, subraya la importancia de preservar la independencia del representante. Éste, un depositario de confianza y hombre de Estado responsable, no siempre puede satisfacer los deseos inmediatos o los intereses particulares de sus representados, sino que debe tener en cuenta las metas colectivas, el conjunto de la comunidad y las consecuencias de sus iniciativas a fuerza de pensar en el medio plazo y en las generaciones venideras. Aún conservan su validez las palabras de Edmund Burke en su Discurso a los electores de Bristol (1774): “El Parlamento no es un congreso de embajadores que defienden intereses distintos y hostiles, intereses que cada uno de sus miembros debe sostener, como agente y abogado, contra otros agentes o abogados, sino una asamblea deliberante de una nación, con un interés, el de la totalidad; donde deben guiar no los intereses o prejuicios locales, sino el bien general que resulta de la razón general del todo” . Claro que la independencia e imparcialidad del representante, el ejercicio de la deliberación racional y la defensa del interés general vienen garantizados por las condiciones de un procedimiento que funciona de acuerdo con el principio de distinción y criterios meritocráticos. Es así como los electores escogen a los mejores .



En sentido más bien contrario, otras corrientes caracterizan al representante atendiendo a criterios de semejanza o proximidad con los representados. De un lado están quienes determinan el alcance de la representación en función del parecido de los elegidos con quienes los eligieron, buscando que sea suficientemente expresiva de la realidad social y se configure como su muestra fiel. Tal visión descriptivista de la representación hace mayor hincapié en cómo se compone el órgano representativo que en la actividad de los representantes. Hay también, de otro lado, quienes asimilan representatividad a sensibilidad con las demandas de los representados. Ya Stuart Mill sostenía que el representante no debe desvincular la formulación de los intereses del representado de sus preferencias, confiando en que gracias a una buena educación toda persona puede desarrollar una competencia cívica adecuada para participar en el debate público y valorar lo que le conviene a él y al conjunto de la comunidad .



Así pues, un gobierno cabalmente representativo adopta políticas e iniciativas congruentes con las señales que de distintas maneras envían los electores o los ciudadanos en general. Tales señales se detectan no sólo en las elecciones, sino a través de las encuestas, campañas en los medios de comunicación, movimientos asociativos, manifestaciones de protesta y demás formas de movilización. Una de las preocupaciones de los “antifederalistas” durante el debate constituyente americano era que la asamblea representaitiva no fuera “un cuadro en miniatura exacto del pueblo en su totalidad” (Manin 1998: 139). Desde este punto de vista, y aunque por lo general en la política moderna la tarea de representar no se asocia a instrucciones vinculantes o a revocabilidad inmediata, hay quienes vinculan la representación con cierta idea de mandato. De acuerdo con este criterio, los manifiestos y programas de los electos, y sobre todo de los partidos de gobierno, deben tener el alcance de un contrato firme que comprometa la acción ulterior del partido o coalición vencedora y permita a los representados comprobar el grado de cumplimiento de las políticas y sus resultados, así como evaluar la ejecutoria de los gobernantes. De esta manera, las promesas del ganador se proyectan como indicio predictivo de su acción . Tanto la teoría descriptiva como la del mandato mantienen pretensiones parecidas. En un caso se presupone que los representantes llevarán a la práctica las demandas de sus semejantes. Y en el segundo la identidad entre la voluntad de los representantes y representados queda asegurada mediante ciertas disposiciones legales.



El examen de estas concepciones nos permite hacer algunas deducciones sobre la naturaleza de la representación política y el gobierno democrático. Aciertan Burke y los Federalistas norteamericanos al considerar que el primer deber de un gobierno representativo, y de todo miembro de una asamblea de representantes, consiste en procurar el bien público vinculando a éste el mejor interés de sus representados. Ahora bien, no cabe ejecutar ese empeño ignorando olímpicamente las preferencias de los representados pretextando el mayor talento y virtud del representante. Antes o después, la práctica continuada de ese vanguardismo desemboca en una u otra forma de gobierno autoritario. Todo lo que signifique postergar la voluntad del demos para representar más fielmente al demos o sus intereses se aviene mal con la representación democrática. La disposición del representante a ser potencialmente -no imperativamente- sensible a esa voluntad refuerza la legitimación del sistema representativo y tiende a frenar la marea de grupos desafectos con el funcionamiento de sus instituciones. Pero ejercer la representación de una manera receptiva a las diversas demandas del pluralismo social no implica estar presto a actuar conforme al último deseo de los representados ni forzado a ejecutar todo lo que la gente demanda. Y tampoco podemos confundir representación democrática con mero consentimiento. ¡Cuántos gobiernos autoritarios, o que simplemente ejercen la hegemonía como forma atenuada de sometimiento, cuentan con el consentimiento de sus gobernados¡ (Pitkin, 1985: 256, 261). Contrariamente a lo que opina Manin (1998: 118), la representación moderna/contemporánea ha ido virando -al menos como proyecto normativamente ligado a las aspiraciones democráticas- de la igualdad de consentimiento a la igualdad de poder.



Así pues, los atributos de “sensible”, “descriptivo” o “consentido” no determinan el rango democrático de la representación. La expresión más elemental pero también más insustituible de la representación democrática radica en esa suerte de “delegación activa” que es, de un lado, rendición periódica de cuentas de los representantes y, de otro, el control y la fiscalización que sobre éstos ejercen los representados. Se distingue porque corresponde, en última instancia, a los representados individualmente determinar quiénes están autorizados a decidir por ellos, sobre qué cosas y cómo. En un gobierno representativo de carácter democrático el poder y la vulnerabilidad de los de arriba proceden de la voluntad y la palabra de los de abajo. Éstos, más que maximizar sus preferencias, por lo menos minimizan los riesgos de que un gobierno se comporte arbitraria o tiránicamente. De todas formas, la facultad de los representados de poder mantenerlos en sus puestos o removerlos empuja a los representantes a dar cuenta de sus actos, a mostrarse más receptivos con las demandas de aquéllos y, en todo caso, a procurar su bienestar o satisfacer sus intereses fundamentales. Es de esta manera como en una democracia representativa alguien se ve a sí mismo como ciudadano y da cumplimiento a su demanda de hablar por sí mismo, ser escuchado y dotar de eficacia a lo que dice (Pitkin, 1985: 251)



Pero el representante no sólo ha de “responder ante alguien”, sino “responder de algo”, y hacerlo además erga onmes o de manera pública (Sartori, 1997). Al tener que afrontar el juicio ciudadano en esas condiciones de transparencia, se ve impelido a justificar de modo imparcial sus acciones u omisiones así como sus resultados y consecuencias. Y es que el deber de explicarse en público sitúa al que manda o representa en la tesitura de argumentar sus propuestas con las mejores razones disponibles a los ojos de sus “mandantes”; o bien, si carece ellas, fingir que las tiene y estar tentado, entonces, de embaucar o manipular a la gente para mantenerse en el puesto. Al vincular, pues, representación política con responsabilidad democrática en su sentido más completo, se intenta conciliar la independencia necesaria del representante y la receptividad hacia los intereses del representado, la gobernabilidad y el control desde abajo. En síntesis, una buena representación depende de la efectividad de los mecanismos establecidos para disuadir el comportamiento irresponsable de los gobiernos; pero también de los recursos y oportunidades a disposición de los ciudadanos para hacerse juicios informados sobre la acción de sus representantes y poder actuar en consecuencia sin ser coaccionados ni manipulados .



Dificultades y contradicciones

Cada una de las dimensiones indicadas –independencia, sensibilidad y responsabilidad- alerta sobre distintos aspectos que hasta el presente han ido configurando la representación política. En cualquier caso, el desempeño compatible de los cometidos diversos de la representación entraña dificultades y contradicciones. De entrada, un gobierno representativo y democrático se justifica como gobierno de los muchos y, sin embargo, por la propia naturaleza de la función, es gobierno de los pocos. Tampoco resulta fácil ser deferente con las demandas de las personas y al mismo tiempo comportarse responsablemente en la acción de gobierno. Imaginamos la representación política como una cadena cuyo arranque está en las preferencias de los ciudadanos, continúa en la agregación de votos y resultados electorales, prosigue en la formación de las coaliciones gubernamentales, tiene otro eslabón más en las políticas públicas y culmina en el juicio de la opinión pública y los representados sobre la labor de los representantes y el rendimiento de sus iniciativas. Pues bien, y aunque la ruptura de esa cadena produce frustración y desencanto, no existe secuencia causal entre sus varios eslabones. Muchas veces ni siquiera se da en la práctica correspondencia alguna entre las preferencias ciudadanas y los resultados de un proceso, como el de la representación, interferido casi siempre por factores exógenos que lo determinan de manera decisiva.



Supongamos el caso de un representante bien dispuesto a actuar en favor de sus representados. Para empezar, no le resultará fácil definir lo que éstos quieren. La escuela de la “Elección Pública” ya se encargó de airear las muchas inconsistencias que la agregación de preferencias produce en la interacción colectiva. Ese buen representante caerá además pronto en la cuenta de que no siempre concuerdan preferencias e intereses fundamentales de los representados. A menudo las preferencias expresadas por éstos últimos carecen del grado de competencia –están poco cribadas y provienen de una información insuficiente- que como mínimo exige el “componente deliberativo” de la democracia. Por tanto al representante no le basta con estar bien dispuesto hacia los deseos de sus representados. Calibrando el calado de de estos deseos, se verá en la obligación de dar prioridad a los más relevantes frente a aquellos otros menos defendibles aunque sentidos con más pasión. En ocasiones, el representante habrá de optar entre preferencias más enfocadas a los resultados frente a otras más sensibles a la calidad de los medios empleados para el fin propuesto. Con frecuencia tendrá que enfrentarse a elecciones cruciales y difíciles entre intereses a corto plazo y a medio plazo, intereses particulares de algunos grupos de representados y los generales de la colectividad, demandas de los miembros de la propia circunscripción electoral y defensa de bienes políticos superiores necesarios para la supervivencia de la comunidad política en su conjunto. A nadie se le escapa que, según se ponga el acento en uno u otro de los aspectos reseñados, la relación representante/representado tendrá un sentido y un alcance ético-político diferentes. El ejercicio de la representación es, pues, tarea no exenta de paradojas de la que sólo cabe esperar rendimientos parciales.



Así las cosas, un funcionamiento valioso de la representación democrática sólo provendrá de una adecuada combinación de sus diversos componentes. Sería un “sistema mixto” que concilie independencia de acción del representante con receptividad hacia las señales venidas de los representados, disposición a cumplir los compromisos electorales con comportamiento responsable y sentido de la gobernabilidad en virtud del cual el gobernante se hace cargo de sus iniciativas y no escamotea ni las razones de la elección ni el alcance de sus consecuencias. En suma, el rendimiento moral de la democracia representativa está en función de la mejora del arbitrio de los ciudadanos frente a los liderazgos concurrentes (responsabilidad), del alcance de las demandas ciudadanas satisfechas (sensibilidad) así como de quiénes sean sus partícipes y beneficiarios dada la lógica expansiva de sus valores, procedimientos y criterios redistributivos (inclusividad).



Ahora bien, síntesis no significa amalgama y todas esas dimensiones no son intercambiables (Pitkin, 1985: 251). El alcance normativo de la representación democrática así entendida se aquilata, ante todo, atendiendo a los recursos y oportunidades disponibles en manos de los ciudadanos para dos logros capitales. Por una parte, limitar la discrecionalidad de los gobernantes y fiscalizar la ejecutoria de los representantes con alguna intervención en la selección de los candidatos y mecanismos apropiados de seguimiento y control de su ejecutoria. De la otra, condicionar la oferta política y evaluar sus resultados, habilitando cauces que permitan a los ciudadanos dar ciertas instrucciones a sus representantes y así obligarles a especificar mejor su contrato, compromisos y tareas. Con ello los ciudadanos ganan influencia en los procesos de decisión relevantes y ejercen un control retrospectivo -y en cierta medida prospectivo- sobre las políticas y los políticos.



El que estas aspiraciones no se vean frustradas va a depender de que la competición política satisfaga ciertas exigencias relacionadas con el pluralismo y el principio de inclusión, y de que cumpla algunas condiciones básicas de igualdad. La oferta política no debe reducirse a poder elegir entre personas, sino también entre distintos programas que se correspondan con la pluralidad de intereses dignos de ser tomados en consideración por razones de justicia y elementales consideraciones de imparcialidad. Esto supone rebajar los costes de entrada en la competición política a fin de que demandas y grupos de individuos por lo común excluidos puedan acceder al palenque democrático; es decir, a fin de que sean los propios afectados quienes estén en condiciones de ponderar y defender sus intereses relevantes de manera coherente y sin sesgos que los distorsionen.



Para que la concurrencia política se desarrolle de esta manera, hace falta aliviar las asimetrías informativas con las que funcionan los circuitos de la representación política y favorecer la capacidad de discernimiento de los representados. ¿Cómo, si no, van a calibrar la ejecutoria de sus representantes o la gestión y rendimiento de las políticas desarrolladas? En los contextos actuales de un funcionamiento tan mediático y mediatizado de la democracia y dadas las desigualdades informativas y de poder, la representación política, más que como un “selector ciego de los mejores”, se proyecta como una irresistible oportunidad de manipular a electores inermes y muy vulnerables (Ovejero, 2002: 175-176). De ahí que a un pluralismo mejor y más incluyente haya que añadirle el requisito de la competencia cívica de los ciudadanos. Ninguna de estas exigencias, como decía Maquiavelo, son factibles sin contextos normativos, instituciones y actitudes coherentes con ellas. Tampoco lo serán si no se remueven ciertas condiciones de desigualdad económica y social, fuente invariable de desigual capacidad de poder, influencia política e información. Así que, sin olvidar ni a Maquiavelo ni a Marx, las pautas y requisitos del proceso representativo -tal como aquí se han entendido- contribuirán a refinar el juicio político de los ciudadanos y proporcionarán crédito a la democracia, confianza en sus instituciones y algo más de satisfacción con los resultados de su funcionamiento.





La preeminencia de la democracia representativa



Las reservas frente a la representación

La identificación entre democracia y representación ha sido tan fuerte en la práctica como débil en la teoría. Efectivamente, la democracia representativa ha tenido más rendimiento que crédito. Allí donde sus instituciones arraigaron, hubo por lo general innegables resultados en términos de justicia social y democratización. Y sin embargo, esos éxitos se estimaron decepcionantes porque defraudaban las aspiraciones puestas en la democracia. Del otro lado, cuando se ha producido un funcionamiento poco reformista de los mecanismos representativos, no se achacaba a un inapropiado diseño de sus instituciones o a sus contextos, ni siquiera a una inadecuada disposición de políticos y ciudadanos; por lo común, ese funcionamiento deficitario se ha imputado a la propia naturaleza demediada de la democracia representativa. Durante mucho tiempo se ha recelado del potencial normativo de la representación cuya vinculación con la democracia se ha tenido, incluso, por fraudulento. Sobre todo sus instituciones de referencia, principalmente los partidos, han sido vistas como una suerte de “madrastra” de la democracia y cuyo destino era producir desafección política. Pero ¿hay disponible un diseño político, una ingeniería institucional más refinada y desarrollada, para satisfacer de modo viable los requerimientos de la democracia como patrón de justicia? Cuando se ha soslayado la democracia representativa y sus instituciones, ¿no ha sido peor el remedio que la enfermedad? En este apartado vamos a defender que la democracia representativa, tal como aquí se ha caracterizado, lejos de llevar el mal dentro –como, por cierto, creían los primeros teóricos de los partidos de masas , representa un modelo de democracia con mayor productividad política y alcance moral que cualquier otro modelo alternativo.



El aire de sospecha que acostumbra a rodear la relación entre democracia y representación se debe a los malos, o como poco vergonzantes, argumentos con los que frecuentemente se ha justificado. Una combinación de reservas, equívocos y prejuicios, así como la mayor ascendencia moral de la que tradicionalmente ha gozado la democracia de inspiración ática o rousseauniana han alentado la contraposición entre representación política y participación democrática o, por lo menos, han hecho difícil conciliarlas. Se ha pregonado con frecuencia la superioridad moral del modelo de democracia directa en tanto se suponía aplicación auténtica del principio de autonomía moral entendido como autogobierno. Con arreglo a este parecer se consideran democráticas, legítimas y por ello moralmente obligatorias tan sólo aquellas decisiones colectivas en las que de manera plena y directa participan todos los afectados por tales decisiones. Si democracia es gobernarse a uno mismo y no ser gobernado por otros, por definición un gobierno representativo -se aduce- determina una relación heterónoma entre gobernantes y gobernados, aunque el procedimiento de selección de los representantes sea electivo.



Pero el caso es, según afirmamos al comienzo del capítulo, que imperativos de carácter sociológico ponen en evidencia que el autogobierno de los ciudadanos, literalmente hablando, no es apenas factible en ningún ámbito relevante de la interacción colectiva e impensable en sociedades de la dimensiones y complejidad de las actuales. A medida que aumenta la escala de la comunidad política y el número de sus miembros, disminuyen las oportunidades de participar directamente (Dahl, 1992: 273). La participación política ineludiblemente está abocada a la mediación de asambleas de representantes situados entre la ciudadanía y la toma de decisiones políticas. Sin embargo, a pesar de que el “principio de realidad” ha forzado a los partidarios de cualquier forma alternativa de democracia a conformarse con un “sucedáneo de democracia” – ese mal menor de la democracia indirecta o representativa-, la democracia directa se ha mantenido durante mucho tiempo como ideal de referencia, un modelo, por cierto, de muy limitado recorrido empírico en la historia e imposible cumplimiento en el presente. Así pues, la defensa de la democracia representativa se ha reducido a esa clase de argumentos que se conocen como de second best o “cláusula de imposiblilidad”.



Se trata de un enfoque equivocado. Y es que, como insistía Sartori, se acostumbra a iluminar la democracia actual con el candil de la democracia de los antiguos. Se pretende explicar una realidad, la democracia representativa, a partir de una interpretación de los principios y de unos modelos de democracia que poco o nada tienen que ver con esa realidad. Cuando se comportan así, los modelos no proponen soluciones “ideales” sino directamente imposibles. Por eso las llamadas “cláusulas de imposibilidad”, aun siendo argumento recurrente, lejos de parecernos una estrategia apropiada de justificación conducen a callejones sin salida (Laporta, 1989: 129). Aquí, al contrario, traeremos en defensa de la democracia representativa argumentos de firts best, que tratan de demostrar su condición de modelo más recomendable por méritos propios. Por desgracia sólo muy tardíamente se ha reforzado el sustento valorativo de la democracia representativa, planteando sin complejos su superioridad sobre otros modelos alternativos más prestigiados, tales como la llamada democracia directa.



Sea como fuere, nuestra defensa de la democracia representativa se distancia de la estrategia de cierto liberalismo que eleva a modelo de democracia determinadas prácticas de la representación y ciertas experiencias históricas de la competición política, poco congruentes con sus rasgos normativos. Esos liberales doctrinarios, además de convertir “lo que es en deber ser”, extrapolan al universo político la carga de pesimismo antropológico y la ontología social inherente a su visión del mundo propia de la economía de mercado: la acción política figura sólo como coste y la democracia representativa como un subproducto de la competencia de intereses privados. Semejante perspectiva disuade la participación política de los ciudadanos, desestima el componente deliberativo de la democracia y reduce la representación al simple hecho de delegar en agentes políticos profesionales que, actuando en provecho propio, benefician a la gran mayoría despolitizada.



Paradójicamente no pocos demócratas, bien nostálgicos de la democracia directa o simplemente empeñados en una democracia más participativa, también se valen de esa “democracia de mercado”, el modelo de sus antagonistas ideológicos, para convertirla en supuesto de su enmienda a la totalidad a la democracia representativa; o sea, en prueba de cargo de la incompatibilidad invencible de los mecanismos de ésta con las exigencias participativas de una auténtica democracia. Sin embargo, de lo expuesto en el apartado anterior sobre el alcance y naturaleza de la democracia representativa no se sigue que ella estimule necesariamente el egoísmo y una competición política mercantilizada, o que promueva agentes que van a lo suyo o consumidores políticos en vez de ciudadanos informados. En una palabra, no se sigue que la democracia representativa tenga que socavar la virtud, arruinar las aspiraciones de justicia y hacer imposibles las relaciones entre representación política, participación y deliberación. Aquí liberales doctrinarios y ciertos demócratas radicales, si bien con opuesta intención, habilitan sus respectivos prejuicios como argumento autoconfirmatorio. En el primer caso, para remachar el supuesto “realismo” de su idea de democracia y, en el segundo, para apuntalar las sospechas acerca del carácter insuperablemente defectuoso de la democracia representativa. A tal fin convierten los unos una patología particular en modelo de democracia y, los otros, en destino fatal de la representación política.



...y sus ventajas

Frente a tales posiciones, la democracia representativa dispone de recursos y alicientes adecuados tanto para aliviar las “paradojas” de la participación y competencia requeridas por la acción de gobierno como para estimular la responsabilidad política y la deliberación necesarias al buen funcionamiento de la democracia. La experiencia histórica muestra de qué manera los modelos rivales de esta forma de democracia, lejos de resolver los problemas que las democracias reales padecen, o bien los empeoran o bien les añaden otros nuevos. Desde nuestro punto de vista, la democracia representativa resulta un modelo exigente y asequible, más acorde con los imperativos de la realidad y la justicia política (Brennan y Hamlin, 1999: 114). Claro que para ello hay que contar con un desempeño aceptable de sus mecanismos institucionales por parte de los agentes políticos y una disposición mínimamente acorde con sus pautas por parte de unos ciudadanos no demasiado politizados pero sí alertas, capaces de aprovechar las oportunidades de condicionar y fiscalizar el ejercicio del poder.



Ha predominado durante mucho tiempo una idea de democracia que inspirándose en una retrospectiva mitificada sobre sus orígenes en la Grecia clásica alentaba expectativas exageradas, al tiempo que proyectaba un juicio negativo o, al menos, suspicaz acerca de la democracia representativa y sus instituciones. Ahora bien, la democracia como gobierno del pueblo por el pueblo, o sea, como su asunción simultánea de las funciones legislativas y ejecutivas, casi nunca ha funcionado en realidad, ni siquiera en la democracia ateniense. En ésta la gobernación no era ejercida primordialmente por la asamblea sino por magistrados, elegidos unos y sorteados otros (Manin, 1998: cap. 1). Sólo una visión “impolítica” de la democracia explica que venga a esperarse de ella lo que no puede ofrecer. Pues la democracia no es un ideal moral más, sino ante todo una institución destinada a producir justicia política, que dadas las condiciones antropológicas y sociales de su propia producción resulta siempre justicia parcial. La justicia política, diría Meinecke, no puede eludir la “herida maquiavélica”. Su destino es abrirse paso en medio de contradicciones y “decisiones tragicas” irrebasables que la obligan a constreñir las ansias perfeccionistas y las pulsiones paternalistas . Así las cosas, y a la luz de la historia, el marco de la democracia representativa y sus procedimientos se corresponden mejor con un horizonte asequible de justicia incompleta y con la naturaleza de una democracia política.



A estas alturas contamos, además, con indicios difícilmente refutables de la mayor productividad política de esta figura de la democracia. Aunque a primera vista parezca una afirmación contraintuitiva, la democracia directa no resulta habitualmente el procedimiento más recomendable a la hora de adoptar decisiones colectivas de alcance político. Demagogias aparte, la mejor manera de contar con la gente no consiste en endosarle la decisión directa sobre múltiples cuestiones acerca de las que no puede formarse un juicio competente, por estar cada una de ellas cuajada de matices, distintos ángulos y soluciones varias de resultados inciertos. Súmese a ello que la pura agregación de una miríada de preferencias heterogéneas, la concurrencia de motivaciones e intereses a veces contrapuestos, en fin, todo aquello que interviene en las decisiones plebiscitarias, no convierten sus resultados en una composición coherente ni en síntesis equilibrada del todo, a no ser en la imaginación de sus interesados intérpretes. He ahí otra razón de peso que invita a delegar buena parte del proceso de toma de decisiones políticas en un cuerpo de representantes, eso sí, sometidos al conjunto de constricciones establecidas por el Estado de Derecho y la democracia representativa.



Por otra parte, mucho se ha hablado de la “paradoja de la participación”. Ésta viene a recordarnos que muchos ciudadanos, bien dispuestos a implicarse en política por razones nobles, experimentan que participar resulta siempre costoso y no pocas veces improductivo. De entrada, es humanamente imposible que uno pueda participar en todo lo que considera importante, ni siquiera en aquellas cuestiones y decisiones relevantes que más le afectan. Los propios intereses vitales, las urgencias y prioridades de cualquiera se plantean en mil frentes y ámbitos. Es cierto que la política representa esa clase de actividad de la que un demócrata convencido no puede desentenderse del todo. Pero para comprometerse en condiciones decentes y razonables, necesita tiempo, información y alicientes que no están al alcance de la gente normal. ¿Cuenta el ciudadano con recursos y capacidad para calibrar cuáles iniciativas de la oferta política están disponibles de modo efectivo? ¿Está en condiciones de calcular las consecuencias a corto y medio plazo de cada una de ellas? ¿Puede discernir las que están destinadas en verdad a promover el interés público de aquellas otras que tras una envoltura retórica sirven a un interés privado inconfesable? Una respuesta positiva a muchos de estos interrogantes demanda información políticamente relevante, aunque de alto componente técnico. Así que un ciudadano inclinado al compromiso político por motivos no espúreos, constata que hay un enorme desajuste entre el alto coste de intervenir públicamente con solvencia y la capacidad real de influir que de ello se deriva. Rendimientos tan decepcionantes ante tamaño esfuerzo desalientan a cualquiera a comprometerse por razones virtuosas en los asuntos políticos.



Pero la gravedad de los impedimentos no convierte irremisiblemente al ciudadano en un “incompetente básico” ni le deja inerme a merced de la manipulación o del arbitrismo de las cúpulas partidarias. Allí donde la democracia representativa tiene un desarrollo institucional acorde con los criterios que normativamente la caracterizan, se alivian las contradicciones y paradojas de la participación y se alcanza cierto equilibrio entre el esfuerzo esperado del ciudadano medio, los alicientes a su alcance y las expectativas que razonablemente puede abrigar. Con las oportunidades y recursos que una democracia representativa “tomada en serio” pone a disposición de los ciudadanos, éstos ciertamente no pueden aspirar a que sus deseos se cumplan; pero sí pueden contribuir a que se produzca un determinado resultado. No hacen la política, pero sí influyen en ella cuando encomiendan sus “preocupaciones políticas urgentes” (Dahl) a un determinado candidato u organización cuyo sesgo ideológico, programa o ejecutoria le ofrecen pistas fiables de cómo gestionar la madeja de asuntos públicos. Los ciudadanos no confeccionan ni la agenda ni la orientación de las políticas, pero sí pueden condicionarlas, ejercer un cierto control y fiscalización sobre ellas, aquilatar la competencia de sus representantes en el desempeño de su labor, sancionar su comportamiento y mostrarles así su acuerdo o rechazo. Para ello desde luego se requiere que las instituciones y procedimientos de la representación, particularmente los partidos políticos, el sistema electoral y el parlamento, se configuren y actúen conforme a los principios y pautas constitucionalmente estipulados sin hacer trampas ni adulterar su sentido.



Y, por último, la democracia representativa tiene un mayor alcance moral por su mejor disposición para fomentar la responsabilidad, tratar la complejidad y el pluralismo así como favorecer la deliberación deliberativa. En una democracia plebiscitaria nadie está obligado a responder por los resultados y consecuencias de las elecciones políticas que se adoptan. Lo contrario sucede en su forma representativa, en la que procedimientos y entramado institucional están configurados para que los promotores de iniciativas públicas respondan de ellas y por ellas ante los ciudadanos, y así es como éstos pueden vigilar el proceso y desenlace de tales iniciativas. Por si ello fuera poco, en el ejercicio de la función de gobierno los representantes desarrollan un sentido de la responsabilidad desde el momento en que interiorizan una idea del interés general y una visión comprehensiva de la política. Y así aprenden a integrar sus propuestas, dado que los asuntos están conectados, unas medidas inciden en la marcha de otras y todas repercuten sobre las políticas económicas y fiscales (Brennan y Hamlin, 1999: 125-126).



En las circunstancias actuales de pluralismo acentuado, en las que múltiples minorías aspiran a que su voz tenga eco e influencia y nuevas emergencias demandan soluciones sofisticadas y de alto contenido tecnológico, no parecen recomendables procedimientos de decisión colectiva como los plebiscitarios. Estos últimos, destinados a producir resultados de suma cero -unos lo ganan todo y otros lo pierden todo-, provocan una dinámica que simplifica cuando no empuja a la exclusión y hasta al fanatismo. La propia naturaleza de la democracia representativa, en cambio, la vuelve un ámbito idóneo para la construcción de consensos más comprehensivos que el simple registro de la voluntad de una mayoría mecánica. Ya sea para sacar adelante una propuesta en una asamblea legislativa, ya sea para la formación de gobiernos representativos, se requiere por lo común tener en cuenta perspectivas variadas e intereses divergentes, negociar y formar coaliciones de distintas minorías. Las minorías más vulnerables, recelosas de una mayoría osificada tendente a ignorarlas o excluirlas, siempre tendrán más chance en una democracia cabalmente pluralista y representativa, que en cualquier otro escenario alternativo. A fin de cuentas, esta democracia dispone potencialmente de recursos y oportunidades para que los pactos, además de ser fruto de una negociación entre las partes, manifiesten un sesgo incluyente y hagan sitio a voces de distinto rango preteridas por las rutinas de unos y los intereses de otros.



Pero a fin de que los consensos adquieran relevancia moral y sean expresión de un interés público más rico y verdadero, hace falta que aquéllos se configuren de modo razonable, es decir, conforme a criterios y pautas de carácter deliberativo, componente imprescindible de la democracia y del buen gobierno. Pues bien, la promoción de ámbitos y procesos deliberativos se ajusta mejor a la naturaleza de la democracia representativa que a formas de democracia directa, cibernética e instantánea . Tales procesos deliberativos requieren filtros, ámbitos de mediación y múltiples foros con los que atemperar las pasiones, tomar distancias de los deseos e intereses inmediatos y así someterlos a escrutinio y revisión. Los hábitos deliberativos ayudan además a autentificar los procesos representativos e incrementar su legitimidad y, sobre todo, a corregir algunas de las patologías de su funcionamiento. Muestras de tales patologías, acentuadas por la colonización mediática de la política, serían, por ejemplo, la exagerada delegación y el cesarismo, la endogamia y la ausencia de mérito en el reclutamiento para el desempeño de los cargos, el vaciamiento de la política, la colusión con intereses espúreos y la deriva sectaria del debate público. Sin duda tales males, al igual que los comportamientos tiránicos, se resisten mejor con una buena democracia representativa que con concesiones al “directismo” o cualquier otra fórmula alternativa. Y es que allí donde ha funcionado adecuadamente en el marco del Estado de Derecho, se ha convertido en referente empírico de la democracia, ha consolidado una participación política moderada y generado expectativas razonables de rendimiento como forma de gobierno y factor de justicia (Laporta, 1989: 139-140).





Las instituciones de la democracia representativa

Las instituciones importan y mucho. Influyen sobre las creencias, acciones y expectativas de los ciudadanos, favorecen u obstaculizan determinados resultados. Y, por supuesto, condicionan la distribución del poder. Instituciones y hábitos de los sujetos implicados (motivaciones, pautas de comportamiento) se condicionan mutuamente. Las primeras, si funcionan adecuadamente, tienden a fomentar disposiciones congruentes con las razones que las justifican, mientras que los buenos hábitos contribuyen a estabilizar la calidad de las instituciones. Si no es así, éstas experimentan una suerte de entropía que les hace perder progresivamente su pujanza originaria. En este marco toca referirse a las instituciones propias de la democracia representativa y a sus avatares. “Sin la institucionalización el ideal de la representación no pasaría de ser un sueño vacío” (Pitkin,1985: 265). Y es que a la postre, el alcance de la representatividad de un gobierno se define, en buena medida, por sus instituciones y por la forma en que éstas funcionan.





El Parlamento

El parlamento figura en el imaginario político como el lugar por antonomasia de la representación política. También el despliegue institucional del principio democrático se ha asociado al parlamento. Y aunque sus origenes se remontan a la Alta Edad Media, las asambleas parlamentarias se refundaron en la época moderna. Gracias a la “revolución” liberal y al desarrollo del principio representativo, los parlamentos se convirtieron en la expresión de un interés general bajo la figura de la voluntad de la Nación, considerada ésta una organización unitaria y no fragmentada de ciudadanos dotados de derechos y libertades. Los parlamentos venían a reflejar las aspiraciones plurales, no ya de estamentos o corporaciones particulares, sino de individuos jurídicamente iguales entre sí. En suma, se erigieron en los depositarios del principio de la soberanía y en centros de un poder ascendente en los que se delibera, negocia y decide. A partir de la Constitución de Estados Unidos y de la Revolución Francesa la capacidad de iniciativa de los parlamentos fue en aumento durante todo el siglo XIX hasta alzarse con buena parte del protagonismo político.



A la “revolución” liberal siguió la “revolución” democrática resultado de la progresiva implantación del sufragio universal. De esta manera el parlamento amplió su legitimación popular, transformándose en representante genuino de los ciudadanos y expresión de su pluralismo. Como el origen de la legitimación era el mismo, se planteó que la composición del gobierno se correspondiese también con la voluntad de los ciudadanos manifiesta en las urnas y reflejada en el parlamento. Es así como emerge la moderna doctrina del gobierno representativo impulsada, sobe todo, en Europa desde hacía más de un siglo: el gobierno surge de y es controlado por la mayoría del Parlamento que a su vez, se supone, refleja la mayoría de los electores (Guerrero, 2004: 18-229). Sus funciones se compendian en representar a los ciudadanos, haciéndose eco de las urgencias de los individuos y necesidades políticas de las circunscripciones locales, recogiendo solicitudes de las diversas asociaciones de la sociedad civil tanto las de intención altruista como las de “grupos de intereses”; también en deliberar y legislar, ejerciendo así su condición más propia en tanto que poder del Estado de Derecho; y por fin en controlar la acción del gobierno, supervisando sus políticas, aquilatando el rendimiento de sus iniciativas y juzgando su conducta. Todos los parlamentos desarrollan estas diversas funciones, si bien su importancia varía conforme a las tradiciones políticas de cada país y el tipo de relación que acaba cristalizando entre la representación parlamentaria y los demás poderes del Estado. Sea como fuere, una diferencia substancial se hace notar según se trate de un sistema parlamentario o presidencialista. En el primer caso el Parlamento, además de controlar al gobierno, contribuye a su formación. Por el contrario, en el segundo, la composición del ejecutivo compete a un Presidente votado directamente por los ciudadanos en procedimiento aparte de la elección del Parlamento cuya facultad, a este respecto, se limita al control del gobierno.



Aunque los diversos diseños institucionales de gobierno representativo se han mantenido apenas sin cambios -y así se ha consignado en la mayoría de las constituciones democráticas-, desde un primer momento sus aplicaciones han traído alteraciones considerables del esquema originario. Al parlamento se le ha considerado siempre el lugar simbólico de la democracia; su “destino” en expresión de Kelsen. Pero la idea de un parlamento que gobierna o un gobierno que delibera gracias a la centralidad política del primero ha sido en buena medida una ilusión, uno de esos llamativos desajustes entre lo legal y lo real que han alentado la desafección política. Y, lo más curioso, a medida que se democratizaba el sistema político las asambleas parlamentarias iban perdiendo protagonismo.



El despliegue práctico de la doctrina de la democracia representativa convirtió en factor clave del sistema político determinar quiénes pueden elegir y cómo elegir a los representantes. A partir de ahí comienzan a cobrar gran trascendencia institucional dos componentes hasta entonces no muy significativos: el sistema electoral y, sobre todo, los partidos políticos, los cuales iniciaron su carrera triunfal durante el siglo XX. El desafío era adecuar el gobierno representativo a las exigencias del principio democrático de inclusión y su demanda de ampliar el derecho de sufragio. En teoría, se trataba de extenderlo al conjunto de la población adulta suprimiendo las discriminaciones por motivos económicos, de sexo o raza. Como se sabe, éste fue un proceso intermitente con avances y retrocesos en su discurrir histórico. Suponía aumentar considerablemente el número de participantes en el proceso político, que de unos miles de electores pasaron a ser millones. Con ello el cuerpo electoral iba adquiriendo dimensiones inabarcables para los mecanismos de socialización política propios de los Estados liberales del siglo XIX cuyo funcionamiento terminó colapsado. Hubo que adecuar el funcionamiento del Parlamento. Desde entonces sus prácticas comenzaron a experimentar durante decenios una paulatina metamorfosis no declarada. Igualmente hubo que rehacer los ya inadecuados mecanismos del juego electoral. Y los viejos partidos se transformaron en potentes partidos de masa unos y en partidos electorales otros, reapareciendo en este nuevo proceso como los agentes primordiales de la actividad política.



El sistema electoral

Las elecciones son procedimientos institucionalizados a través de los cuales se produce la designación de los representantes mediante la intervención de los ciudadanos. Tienen como principio rector reflejar el pluralismo social lo más fielmente posible, si bien de modo coherente con el propio sistema político y sin poner en peligro su reproducción estable. De forma más o menos directa, la elección de representantes vale también para elegir a los gobiernos y ejercer el control popular sobre ellos. Al cumplimiento de tales propósitos se orientan las reglas electorales, que determinan la conversión de los votos en escaños y facilitan la formación de mayorías de gobierno.



Y aunque existen múltiples fórmulas en función de los criterios de representación que se priman, las reglas electorales suelen agruparse en dos arquetipos. Unas responden al principio de mayoría eligiéndose a un solo candidato por distrito. Otras obedecen a criterios de representación proporcional optando por distritos amplios en los que se elige a más de un candidato. No obstante, buena parte de los dispositivos electorales combinan criterios y elementos de ambos modelos. Cada una de estas combinaciones organiza de una manera las múltiples funciones asignadas a los mecanismos electorales y con arreglo a esa concreta ordenación se evalúa la mayor o menor eficiencia del sistema electoral. También se tienen en cuenta otras variables tan importantes como quiénes tienen derecho al voto, los requisitos para el sufragio, la ponderación de la influencia o los procedimientos de cálculo, la configuración de las circunscripciones, su tamaño y número o el “umbral” de votos necesarios para obtener escaño. Importa igualmente averiguar si las leyes electorales favorecen la relación directa de cada candidato con sus electores o simplemente tienden a cuantificar los apoyos globales de cada partido.



En cualquier caso, atribuimos al procedimiento electoral varios cometidos de enorme trascendencia: asegurar la igual repercusión del voto de cada ciudadano y la responsabilidad de los representantes ante los representados; favorecer la formación de mayorías estables de gobierno; facilitar la competencia política y oportunidades para la alternancia; promocionar el pluralismo y la representación de minorías al tiempo que los compromisos entre grupos étnicos, religiosos o de otros rasgos identitarios muy acentuados. Ocurre, con todo, que estas funciones, aun siendo todas de la mayor importancia, no siempre resultan compatibles entre sí a la hora de llevarlas a la práctica. Y sin duda, cuestiones tan cruciales y controvertidas como las señaladas afectan a la ejecutoria de la democracia. No son aspectos puramente técnicos reservados al buen hacer de los especialistas. Los sistemas electorales no evolucionan en “probetas”, sino en contextos concretos y bajo la presión de intereses políticos muy diversos y contrapuestos. Constituyen una de las reglas fundamentales del juego político. Condicionan la estrategia de los agentes políticos, el voto de los electores y la propia estructura del sistema político. En suma, buena parte de las instituciones claves de la democracia están, de una u otra manera, conectadas con el mecanismo electoral. Su funcionamiento resulta un banco de prueba del alcance real del potencial normativo de representación política. Su trascendencia institucional supera en la práctica la del funcionamiento del Parlamento, que se ha ido conformando como un lugar donde el poder, más que ejercerse, se escenifica.



Y, sin embargo, tampoco el sistema electoral constituye la piedra angular de la democracia representativa. No se halla ahí el epicentro de sus problemas, ni su causa ni su solución. Apuntar al sistema electoral resulta un recurso fácil para salir del paso, una excusa para no afrontar reformas de mayor calado. A lo sumo, en el juego electoral se refleja la patología del sistema político, se decantan los síntomas del malestar de nuestras democracias que repercute en aquél como su efecto o consecuencia. Cargamos sobre las espaldas del sistema electoral –también del funcionamiento de las asambleas parlamentarias- lo que debe imputarse a condiciones políticas estructurales sobre las que aquél se alza, tales como la propia evolución de la política representativa, su definitiva transformación en una democracia de partidos, la tendencia sin freno de la actividad política a la completa profesionalización o su dependencia de las exigencias del mercado y la lógica mediática. No cabe pedir demasiado a las reformas electorales (Montero 2000: 32). Los padecimientos de nuestras democracias no remitirán con cambios recurrentes de los procedimientos de elección, que, a lo más, pueden valer como muleta institucional de un proyecto más amplio de reforma democrática.



Los partidos políticos

En el devenir histórico de la democracia representativa tanto la función parlamentaria como el régimen electoral experimentaron sucesivas mutaciones. Las principales han sido inducidas por la transferencia del control y ejercicio de su cometido a los nuevos partidos de masa o a los viejos partidos remozados, que se fueron convirtiendo paulatinamente en los protagonistas de la vida democrática. Reforzaron los mecanismos y los procesos que favorecían una más intensa identificación de los representados con los representantes. Ejercieron el pluralismo oficiando la competencia política y la alternancia en el gobierno. Y sobre todo, buena parte del caudal legitimador de las instituciones emblemáticas de la representación pasaron a manos de los partidos que desde entonces se convirtieron en sus gestores y en la referencia clave del sistema político. De esta manera, durante la primera mitad del siglo XX se fue decantando una democracia de partidos cuya formulación constitucional se acuñó tras la segunda guerra mundial.



Todas estas alteraciones han sido analizadas suficientemente, aunque quizás un poco tarde. Pero desde un punto de vista normativo, o bien no se reconocieron a las claras o bien no se justificaron con la consistencia debida. En particular, la teoría política no ha argumentado del mejor modo la persistente coexistencia entre elementos del viejo modelo del Estado Liberal y los supuestos que configuran la representación política en el Estado de Partidos. Las aporías planteadas en su día por esos procesos de cambio fueron de tal hondura que nunca los estudios político-constitucionales lograron superarlas del todo. De todas formas la viabilidad de nuestras democracias, su eficacia como cauce de justicia, ha dependido y depende de su condición de democracia de partidos. También sus insatisfactorios rendimientos. Desde este ángulo hay que examinar el pasado agridulce, el presente inquietante y el futuro incierto de la democracia representativa. Para bien y para mal, la democracia de partidos se ha transformado en destino del despliegue institucional de la democracia. Su porvenir va a depender, en buena parte, de la capacidad de reforma y de acierto en esta tarea que demuestren los partidos.



Al ampliarse los derechos políticos, y en particular el del sufragio, se incorporaron al sistema político importantes sectores de población hasta entonces excluidos. Fueron los partidos políticos los agentes primordiales de esta socialización política. Multiplicaron su capacidad de movilización y sus recursos organizativos. Encauzaron la participación y la contestación social ante el Estado, mejoraron la competencia política. Los partidos deciden sobre las reglas. Establecen las leyes electorales, las de funcionamiento del parlamento y las que rigen las relaciones de gobierno con el parlamento y los electores con los electos. Y aunque las constricciones institucionales pueden condicionar, y mucho, la labor de los partidos, es su propia ejecutoria la que impulsa o desvitaliza el potencial transformador de cualquier reforma institucional bien concebida y diseñada.



En la práctica este régimen de representación política tuvo dos misiones destacadas: la formación de identidades y el procesamiento político de los intereses. Como fábricas de identidades los partidos promocionaron subculturas colectivas, con las que grupos de individuos se dotaban de sentido de pertenencia a determinadas comunidades políticas y sociales (clase, nación, género, grupo étnico o religioso...). A tal fin las ideologías de los partidos fueron durante mucho tiempo la pieza clave de esa “función expresiva” de la representación. Han facilitado a los candidatos la obtención de votos y servido a los votantes como atajo para conformar sus decisiones. La otra misión de los partidos en el ejercicio de la representación ha sido la “politización de intereses”. Con ello trataban de sumar intereses muy diversos e integrarlos en el proceso político. Acomodándolos a los idearios de cada partido, los intereses de parte se proyectaban como intereses generales de tal manera que muchas de sus aspiraciones se podían remitir a un ansiado estado de cosas futuro. De este modo los ciudadanos han capitalizado los recursos de su participación individual que, canalizada a través del partido, adquiría impronta global y ampliaba su influencia. En suma, los partidos se convirtieron en protagonistas de los distintos procesos democratizadores y, muchas veces, en creadores de consensos sociales, dando un alcance sin precedentes a la representación política (Katz y Mair, 2004: 18-19).





Crisis de la democracia de partidos



Tan generosa delegación favoreció el que los partidos monopolizaran el régimen de representación política. ¿Hasta el punto de convertir los sombríos presagios de Michels en destino de los partidos? El hecho es que éstos se han transformado en organizaciones muy jerárquicas y sus cúpulas acumulan una enorme cantidad de poder. Una militancia profesionalizada ha ido paulatinamente va supliendo a la voluntaria y en interior de los partidos resurge el clientelismo escaseando los criterios de mérito. En consecuencia, la competición interna ha perdido sustancia y ha decaído la calidad de la vida asociativa en el seno de los partidos. Además, cualquier supervisión externa por parte de los ciudadanos, instancia administrativa o judicial se ha considerado siempre intromisión perturbadora en la autonomía de la organización y una amenaza a su capacidad autoregulativa de los partidos. El resultado final es un entorno menos sensible a las pautas de la democracia representativa y más proclive al aprovechamiento cínico de ventajas y oportunidades, lo que desanima la participación del seguidor desinteresado.

Otra faceta de la “crisis estructural” de la representación política ha radicado en la financiación de los partidos. Constitucionalizados tras la segunda posguerra, una variada normativa legalizó en los países europeos la subvención a los partidos a fin de mantenerlos protegidos de proveedores privados de los que pudiera depender su solvencia financiera y garantizar a la vez el principio de igualdad de oportunidades. Sin embargo, mantener la burocracia partidaria y costear los gastos electorales han precipitado a los partidos por la pendiente de una financiación desbocada, causa de irregularidades y desigualdad política así como motivo de escándalo en nuestras democracias (Blanco Valdés, 2001: 53-84).



De otra parte, los partidos muy condicionados por el impacto de los grandes cambios sociales vienen experimentando enormes dificultades para desempeñar su cometido como agentes de la democracia representativa. Al difuminarse la densa correspondencia de otros tiempos entre grandes redes partidarias y amplios grupos sociales, los partidos han dejado de ser cauces privilegiados de la representación de intereses. Muchas de sus funciones se han transferido a otros sujetos, aparentemente al menos, en mejor disposición para hacer frente a los complejos desafíos del presente. En suma, ha disminuido el potencial representativo de los partidos y sus posibilidades de conformar las políticas públicas; ha decrecido el voto deferente hacia ellos y ha aumentado la transversalidad de las ofertas electorales.Todos estos avatares de la “carrera triunfal” de los partidos trajeron consigo una pérdida de su impulso moral. Una manifiesta descompensación entre lo que se dice y lo que se hace convierten a los partidos en rehenes de un discurso devaluado.



Ningún otro fenómeno parece erosionar tanto el desempeño de la democracia representativa como la ocupación mediática del espacio público. Los medios de comunicación de masas -y, sobre todo, los conglomerados de poder que los controlan- gozan de una influencia decisiva sobre los procesos políticos. En buena medida han impuesto su lógica, su código y su estilo a la comunicación política que, reducida a campaña de marketing, se banaliza y pierde buena parte de su sustancia política. El ciudadano, sometido a una incesante ducha de propaganda, carece de recursos para aquilatar el alcance real de su acuerdo o divergencia con el partido que le representa, pues sólo dispone de una información trivial, incompleta o distorsionada que le hace muy vulnerable a la manipulación. Finalmente, la presión mediática ha inclinado la balanza hacia el lado del personalismo como forma de resolver la crisis de la representación. El “líder” encarna la función simbólica de la representación. Con él se identifican los seguidores, mientras que el partido se proyecta como instrumento al servicio de un líder que reclama un "poder de prerrogativa" para tomar decisiones singulares en contextos imponderables. La democracia se vuelve más plebiscitaria que representativa y deliberativa. Se desactivan, aún más, los controles y el régimen tasado de las responsabilidades políticas. A la postre, se escora hacia el populismo, síntoma de una generalizada despolitización que desafía a la democracia representativa en nombre de la democracia. En una palabra, un mal desahogo para las paradojas y patologías actuales de la política, ya que el populismo desfigura algunos de sus componentes morales, ya sea la transparencia o la inclusión. Frente a los abusos de poder de las élites pero también frente a la supuesta amenaza de “los otros”, inmigrantes y extraños en general, el populismo sitúa en el centro a la “gente normal” pretendiendo hacer inteligible la política al pueblo llano. Para ello arremete contra todas las mediaciones interpuestas entre los ciudadanos y sus representantes, cuestiona los ciclos y procesos que definen la política representativa.



Ninguna institución ha contribuido tanto como los partidos a determinar la forma misma de la política. Pero tampoco hay otra tan expresiva de sus sombras más inquietantes: la insolvencia, el descrédito o la irrelevancia. ¿Cúal será, entonces, el futuro de la democracia representativa? ¿Hacia dónde caminaría una supuesta democracia sin partidos? Ciertamente los partidos no son lo que eran. Pero resulta aventurado concebir una democracia estable sin su concurso. Si, además, la representatividad y el sesgo deliberativo son distintivos de una democracia, no se ha inventado artefacto institucional más refinado que los partidos para darles cumplimiento. Si la calidad de su vida asociativa acompañara, los partidos encarnan potencialmente foros idóneos para deliberar y ejercer la competencia cívica, oportunidades a disposición de los ciudadanos con las que condicionar las promesas políticas e incluso convertirlas en mandatos, influir en la selección del personal político, controlar a los representantes, exigir responsabilidades y ejercer las propias. Así que los partidos ni sobran ni son redundantes respecto de otra clase de participación formal o informal. Simplemente hay que transformarlos por el bien de la democracia y su estabilidad.



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Ramón Vargas-Machuca Ortega. Catedrático de Filosofía Política. Este artículo refleja el contenido resumido del capítulo 5, “Representación” del libro El saber del ciudadano, Aurelio Arteta (ed.), Alianza Editorial , 2008.







Referencias bibliográficas



Blanco Valdés, Roberto (2001): Las conexiones políticas. Madrid. Alianza.

Brennan, Geoffrey - Hamlin, Alan (1999): “On Political Representation”. British Journal of Political Science, n º 29, pp. 109-127.

Dahl, Robert (1992): La democracia y sus críticos. Barcelona, Paidós.

Guerrero, Enrique (2004): El parlamento : qué es, cómo funciona, qué hace. Madrid, Síntesis.

Katz, Richard - Mair, Peter (2004): “El partido cartel. La transformación de los modelos de partidos y de la democracia de partidos”, Zona Abierta, nº 108-109, pp. 9-42.

Laporta, Francisco: (1989): "Sobre la Teoría de la Democracia y el Concepto de la Representación Política: Algunas Propuestas para el Debate", Doxa, nº 6, pp. 121-141.

Manin, Bernard (1998): Los principios del gobierno representativo. Alianza. Madrid.

Montero, José Ramón (2000): “Reformas y panaceas del sistema electoral”. Claves de razón práctica, nº 99, enero/febrero, pp. 32-38.

Ovejero, Félix: (2002): La libertad inhóspita. Madrid. Paidós.

Pitkin, Hanna (1985): El concepto de representación. Madrid. Centro de Estudios Constitucionales.

Sartori, Giovanni (1994): Partidos y sistemas de partidos, Madrid, Alianza.

- “En defensa de la representación política”. Claves de razón práctica 91, abril 1999, pp 2-9.

Ware, Alan (2004): Partidos políticos y sistema de partidos. Madrid, Istmo.

Pensar los hábitos democráticos con Michel Foucault, conferencia de José Luis Moreno Pestaña

Intervención de José Luis Moreno Pestaña, el viernes 3 de junio de 2011 en la facultad de Ciencias de la Universidad de Granada dentro del ciclo REFLEXIONES 15-M. Puede accederse a la parte 1 la 2

FILOSOFIA Y 15M

CICLO REFLEXIONES 15-M. ORGANIZA EL GRUPO DE TRABAJO “DEBATE TEÓRICO” DE LA PLAZA DEL CARMEN.

Martes, 31 de Mayo:
18’30: Charla-debate sobre "Las principales críticas filosóficas contemporáneas a la decadencia de Occidente", expone cuestiones Luis Sáez Rueda, profesor de Filosofía UGR.
Miércoles, 1 de Junio:
18’30: Charla-debate sobre "Política de las emociones. Pensar con Spinoza", expone cuestiones Juan Manuel Latorre Fuentes, profesor de Filosofía en IES
Jueves, 2 de Junio:
18’30: Charla-debate sobre "Ética de la resistencia", expone cuestiones Marcos Santos Gómez, profesor de Filosofía en UGR
Viernes, 3 de Junio:
12:30: Charla-debate sobre "Derecho e Inmigración", expone cuestiones Mariano Maresca, profesor de Filosofía del Derecho en UGR
18’30: Charla-debate “Pensar los hábitos democráticos con Michel Foucault”, expone cuestiones José Luis Moreno Pestaña, profesor de Filosofía en la UCA
LUGAR: LAS SESIONES SE REALIZARÁN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS
Más adelante se avisará de las charlas previstas para la semana siguiente

"Democracia real: un movimiento de honda raíz cívico-republicana" por José Luis Moreno Pestaña y Francisco Vázquez

Reproducimos aquí el artículo redactado conjuntamente por José Luis Moreno Pestaña y Francisco Vázquez y publicado por La Voz de Cádiz el lunes pasado:

El movimiento de 'democracia real' no viene de Sol ni de Plaza de Catalunya, no es una revolución centralizada como la parisina del 68; se extiende a escala local por toda España. Pese al pesado centralismo de la prensa, este es un movimiento municipalista. Son tan importantes 20.000 personas en Sol como 600 en Cádiz; no, son más importantes 600 en Cádiz, porque aquí no hay prensa que anime al 'happening', porque hay menos universitarios (aunque sin las universidades locales este movimiento no hubiera sido posible) y escasos aspirantes a líderes nacionales, porque la presencia y la resistencia pública suponen enfrentarse con el control social cotidiano de ciudades pequeñas, donde separarse de la mirada del poder es difícil, donde la estigmatización es más dura de llevar.

Este anclaje en el municipalismo tiene fuertes raíces en la cultura política española (1812, 1820, 1854, 1868, 1931); se conecta con una tradición republicana cívica (no en el sentido de la república como forma de gobierno, sino de defensa comprometida de la 'res publica' que garantiza derechos y libertades fundamentales), puesta al día con el concepto de ciudadanía social. Se trata de restaurar unos derechos sociales pisoteados por los nuevos déspotas, esos 'global players', que constituyen las agencias y poderes financieros. Obviamente el malestar de jóvenes con mucha preparación y capital cultural pero con las expectativas profesionales rotas, pero también el de trabajadores en paro o en condiciones laborales cada vez más leoninas, proporciona el cemento socioeconómico de este movimiento. En las propuestas ligadas a éste, sin embargo, no se pide la autogestión obrera ni la colectivización de la propiedad o el fin del dinero. No; la cuestión concierne a cosas tan concretas como la tasa Tobin, el gravamen mayor de las Sicavs y grandes fortunas, la reforma de la ley electoral, la exclusión de los imputados de las listas electorales, que la hipoteca se salde con la vivienda, y cosas por el estilo.
Se pretende por un lado resistir a estos déspotas cada vez más cínicos, regulando las fuerzas salvajes del mercado para que no destruyan el tejido social dando lugar a una ética basada exclusivamente en la competencia egoísta. Por otro lado se apunta a corregir el divorcio de las burocracias de partido respecto a la ciudadanía. O sea, como se decía en el XIX: despotismo y mal gobierno. Sólo pueden no verlo, por decirlo con las siempre cuidadas palabras del Conde de Toreno, "los hombres resentidos por vanidad, por envidia o por una censura merecida; todos los egoístas, todos los malos ciudadanos que no están bien con ningún gobierno, ni tienen más patria que a sí mismos". En la tradición republicana cívica lo que se defiende es un patriotismo constitucional, entendiendo por patria, no una supuesta comunidad étnica o cultural, sino un patrimonio común de libertades y derechos sociales fundamentales. Así, en nuestra Constitución se habla de la economía social de mercado o el derecho a la vivienda como bienes por salvaguardar, y es precisamente lo que se está aniquilando. En contraste con esto, la cuestión de los nacionalismos no ha aparecido nunca en primer plano. Hasta hace poco cada vez que había una movilización, el repertorio común se disgregaba y ni siquiera podía coincidirse en fechas entre la gente de las Españas. Ojalá aprendamos que en nuestro país, desde los Comuneros, lo que ha sido verdaderamente libertario, ha sido siempre federal. Tanta gente (no se veía el final en San Francisco), tanta autocontención y escrupuloso respeto de la legalidad, eran el símbolo no de un rechazo, sino de una libertad nueva, en guerra con la degradación partitocrática de la democracia y con el vaciamiento de la soberanía por el capital.

¿Esto es antisistema? La modernidad de las tecnologías utilizadas y de las formas de organización (anonimato, ausencia de líderes visibles, etc..), oculta el viejo trasfondo. Ayer, el discurso de la asamblea de Cádiz aludía al entronque del movimiento con la herencia política de 'nuestros ancestros', el patriotismo constitucional cívico-republicano. Pocas veces se había visto una escisión tan grande entre la 'España oficial' y la 'real', entre una información sobre las elecciones y los líderes que cada vez sonaba más hueca, y la multitud que reclamaba pacíficamente sus derechos dando, como en otros tiempos, una lección al mundo.

Miércoles 18 de mayo: comienza el XV Encuentro de la Ilustración al Romanticismo. Tema: OBSCENIDAD, VERGÜENZA, TABÚ

El próximo miércoles 18 de mayo a las 9'30 horas, tendrá lugar la inauguración del XV Encuentro de la Ilustración al Romanticismo, con el título específico de OBSCENIDAD, VERGÜENZA, TABÚ: CONTORNOS Y RETORNOS DE LO REPRIMIDO ENTRE LOS SIGLOS XVIII Y XIX. Entre los ponentes se cuenta con la presencia de Pura Fernández (CSIC, Madrid), cuya intervención se titula "Higiene y vida marital: los escritos de Felipe Monlau entre España y Francia" y con la de Jean-Louis Guereña (Université François Rabelais de Tours). Serán presentados respectivamente por los profesores de la UCA, Fernando Durán (coordinador de la organización del congreso) y Francisco Vázquez. El profesor Jean-Louis Guereña, Catedrático de Civilización Española en la Universidad François Rabelais, es cofundador y ha sido durante muchos años, director del Centre Universitaire de Recherche sur l´Éducation et la Culture dans le Monde Ibérique et Ibéro-Américain (CIREMIA). El CIREMIA es un centro de referencia para el hispanismo desde hace bastante tiempo, especialmente en ámbitos como la historia de la educación, de los espacios de sociabilidad, de la alfabetización y la lectura y de la familia y la sexualidad, donde el trabajo realizado por esta institución ha sido inmenso y fundamental. En el campo específico de los estudios sobre historia de la sexualidad, destacan los trabajos que Jean-Louis Guereña ha publicado sobre temas como la prostitución o la pornografía en la España contemporánea. Destaca, como obra de referencia fundamental, su libro La prostitución en la España Contemporánea, Madrid, Marcial Pons, 2003, así como la coordinación de los números monográficos del Bulletin d'Histoire Contemporaine de l'Espagne (Prostitución y Sociedad en España, siglos XIX y XX, 1997) e Hispania (La sexualidad en la España Contemporánea, 2004). En esta misma estela se sitúa un nutrido grupo de artículos consagrados a la temática de la historia de la pornografía y de lo obsceno en la España Contemporánea, un territorio escasamente explorado en nuestro país.

La conferencia que presentará en estos XV Encuentros se titula "Lo invisible visible: publicaciones eróticas (francesas) en los últimos índices inquisitoriales".

En el Encuentro, por otra parte, están previstas las intervenciones de antiguos y muy queridos compañeros de la UCA, como Alberto González Troyano (Universidad de Sevilla) y Cinta Canterla (Universidad Pablo de Olavide), de compañeros de nuestro grupo de investigación, como Jesús González Fisac y de doctorandos de Francisco Vázquez, como Francisco Molina, Sonia Muñoz Prian o Enrique Wulff.

Conferencia de Antonio Campillo en la UCA

Antonio Campillo Messeguer, catedrático de Filosofía de la Universidad de Murcia y actualmente decano de la Facultad de Filosofía, estará entre nosotros el Miércoles 4 de mayo a las 13 horas en el Salón de Grados de la Facultad de Filosofía para hablarnos de "De Aristóteles a Derrida: Zoon politikon". Viejo amigo nuestro, Campillo es el filósofo político más original existente en España, autor de importantes trabajos en los que combina la artesanía conceptual con la elaboración empírica. Invitamos a los interesados a pasearse por la página de Antonio y disfrutar de su trabajo intelectual académico y político, punto éste en el que Antonio sobresale por su compromiso modesto, paciente, profundo y a largo plazo en el Foro ciudadano de la Región de Murcia. Con esta conferencia cerramos nuestro ciclo de ponentes este año.

Javier Zamora Bonilla en la UCA

El Viernes 29 de abril, a las 13 horas en el salón de actos de la Facultad de Filosofía y Letras, Javier Zamora hablará de Ortega bajo el franquismo. Javier Zamora es Profesor de la Universidad Complutense, Catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, de la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja en temas de historia intelectual de la España contemporánea y ha publicado diversos libros y artículos al respecto, entre los que cabe destacar una biografía de Ortega y Gasset (Plaza & Janés, Barcelona, 2002). Por otro lado, forma parte del Centro de Estudios Orteguianos de la Fundación José Ortega y Gasset, siendo secretario de redacción de la Revista de Estudios Orteguianos y miembro del equipo de edición de las nuevas Obras completas de Ortega (Taurus, Madrid, 2004). Es colaborador de ABC Blanco y Negro Cultural y de Revista de Occidente.

Neoliberalismo, crisis y Filosofía: supresión del Departamento de Filosofía en la Universidad de Nevada

Las autoridades de la Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV), han decidido suprimir el departamento de Filosofía. La medida obedece a las exigencias de recortar el gasto público dentro del contexto de crisis económica. El Gobernador del estado de Nevada (republicano y próximo al Tea Party) ha impulsado esta política bajando los impuestos al tiempo que recortaba gastos (especialmente en Sanidad y Educación). Siguiendo esa pauta, la UNLV, que es una Universidad pública, ha decidido entre otras cosas, eliminar el departamento de Filosofía. No se trata sólo de suprimir la unidad administrativa, sino de despedir a todos los profesores de la misma. Se está ante un episodio muy relevante desde la perspectiva de la sociología de la filosofía: la actividad filosófica sólo es posible si existen, como señala Randall Collins, "bases materiales" que la garantizan. Esta situación recuerda asimismo algo que señalaba Pierre Bourdieu: las conquistas sociales, como la educación o la sanidad pública, son precarias y reversibles si la ciudadanía no las defiende activamente. Bourdieu situaba en el mismo nivel la existencia de "cátedras de filosofía", enclaves cuya función consiste en el uso crítico de la razón pública, en la "libertad de examinar y objetar" (es la función que Kant le asignaba a la Facultad de Filosofía en El Conflicto de Facultades). En Occidente han hecho falta siglos de luchas para erigir esos enclaves que funcionan como baluartes contra el "pensamiento único" (que recibe distintos contenidos según las épocas). Pero para el Tea Party, que une el fanatismo religioso al fanatismo del mercado, ese pensamiento libre (es decir, más allá de la libertad de mercado), está de sobra. Seguro que algunos de aquí reciben el mensaje: habiendo Libertad Digital, ¿para qué hacen falta las cátedras de filosofía pagadas con nuestros impuestos?

Artículo sobre "Herederos y Pretendientes" y el grupo de Cádiz, publicado en Claves de Razón Práctica

En el número (211), correspondiente al mes de abril de la revista Claves de Razón Práctica (dirigida por Fernando Savater y Javier Pradera), acaba de publicarse un artículo-reseña de Julián Sauquillo (catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid) acerca del libro La Filosofía española. Herederos y Pretendientes. Una lectura sociológica (1963-1990). El artículo, titulado "Herederos y conquistadores. La transición filosófica española" (pp. 50-57), alude asimismo a otros trabajos de nuestro grupo, en particular los de José Luis Moreno Pestaña sobre las trayectorias de Jesús Ibáñez y de Foucault, y al de Valentín Galván sobre la recepción española de este autor francés. Señala que el equipo de Cádiz es "uno de los núcleos más fértiles en la investigación social inspirada en el método de Bourdieu".

Curso de introducción a Judith Butler impartido por Jesús González Fisac en la UCA (matrícula gratuita)

Entre los próximos días 13 y 27 de abril y 4 y 11 de mayo de 2011, tendrá lugar la celebración del curso titulado "Judith Butler y la política del género: una introducción a su lectura". Será impartido por nuestro compañero y miembro del grupo HUM 536, Jesús González Fisac, profundo conocedor de las fuentes filosóficas de la obra de Judith Butler; la organización y difusión corre a cargo de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Cádiz. Como es sabido, Judith Butler es en la actualidad una de las teóricas feministas más relevantes y conocidas, encuadrada en lo que se ha dado en denominar "feminismo postestructuralista" o "postfeminismo". Estos son los datos del evento:

PROGRAMA

1ª Sesión 13 de abril. De 16:00 a 21:00 h. I. Conferencia*. ¿Qué es "ser mujer"? El revisionismo (a-feminista) de Butler. Onto-logía y política de representación. II. Taller. Lectura y comentario de textos de El género en disputa y Contingencia, Hegemonía y Universalidad. 2ª Sesión 27 de abril. De 16:00 a 21:00 h. I. Conferencia. El cuerpo lesbiano. Los límites "materialistas" del feminismo o el problema del constructivismo. II. Taller. Lectura y comentario de textos de El género en disputa y Cuerpos que importan. 3ª Sesión 4 de mayo. De 16:00 a 21:00 h. I. Conferencia. Lenguaje y reconocimiento. "Violencia de la letra" y actos de habla (o cómo hacer daño con palabras). II. Taller. Lectura y comentario de textos de Lenguaje, poder e identidad. 4ª Sesión 11 de mayo. De 16:00 a 21:00 h. I. Conferencia. Performatividad y sujeto. ¿Puede hablarse seriamente de una "política queer"? II. Taller. Lectura y comentario de textos de Cuerpos que importan. Sesión de clausura y conclusiones finales.

OBJETIVOS Difundir el pensamiento político de Judith Butler y sus aportaciones a la Revisión del género desde el feminismo. Mostrar la relación necesaria entre lenguaje y vulnerabilidad. Contribuir a la reflexión política sobre los mecanismos de exclusión de la sociedad contemporánea. Poner en valor la performatividad como genuina acción política. Promover en la comunidad política la reflexión y la sensibilidad ante los problemas de género. LUGAR DE REALIZACIÓN Sala Argüelles (1ª Planta)- Edificio Constitución 1812 (Antiguo Cuartel de La Bomba). Paseo Carlos III, 3. 11003, Cádiz. FECHA 13 y 27 de abril, y 4 y 11 de mayo de 2011 MATRÍCULA Matrícula Gratuita. Inscripciones hasta el 10 de abril Entregar inscripción en la Unidad de Igualdad (unidad.igualdad@uca.es) Se recomienda confirmar la recepción de la inscripción en caso de enviarla por correo electrónico, correo postal o fax. Plazas limitadas CERTIFICACIÓN Para la obtención del certificado de asistencia, habrá que asistir al 100% de las horas. CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN Para la obtención de créditos de libre elección habrá que asistir al 100% de las horas y realizar una memoria.

FICHA DE INSCRIPCIÓN Judith Butler y la política del género: Una introducción a su lectura Nombre y Apellidos: ……………………………………………………………………………… DNI:……………………………………………………………………………………………………… Dirección:………………………………………………………………………….………………..... …………………………………………………………………………………………………………..… Teléfono/s:…………………………………………………………………………………………… E-mail:………………………………………………………………………………………………….. Estudios y/o profesión:….……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………. Si tienes alguna discapacidad y necesitas adaptación, indica cual: ………………………………………………………............................................................... ............................................................................................................................. ¿Optas al crédito de libre elección, en el caso de que sea concedido?.........

Eco mediático de "Los Invisibles", por Francisco Vázquez y Richard Cleminson

El libro de Francisco Vázquez y Richard Cleminson, Los invisibles. Una historia de la homosexualidad masculina en España, 1850-1939 (Granada, Comares, 2011), está teniendo cierta repercusión en los medios de comunicación. La agencia Efe difundió un breve resumen del libro hace algo menos de un mes, meintras que los diarios editados por el grupo publicaron el pasado 26 de febrero una entrevista con Francisco Vázquez. Por otro lado, en el último número de La Aventura de la Historia (nº 150, abril 2011, p. 97), acaba de publicarse una reseña del libro firmada por Javier Ugarte. Finalmente, el próximo martes 29 de marzo a las 20'30 h., saldrá en directo una entrevista con Francisco Vázquez, dentro del programa "Tots per Tots", en la emisora catalana COMradio. En Los invisibles se trata de demostrar, entre otras cosas, la existencia, entre el periodo isabelino y la Guerra Civil, de una importante subcultura gay en las principales capitales españolas, con un lenguaje, unos rituales y unos enclaves propios. Esto desmiente la extendida idea de que los gays españoles habrían estados encerrados en el "armario" hasta el advenimiento de la Transición Democrática. Cierto es, no obstante, que esa antigua subcultura constituía un escenario donde coexistían personas que hoy no conceptualizaríamos exactamente como "gays" u "homosexuales": "invertidos" vestidos de mujer, prostitutos jóvenes de orientación heterosexual y adultos (casados o solteros), aficionados a las relaciones homosexuales. Esta subcultura, explorada por los historiadores en los casos de Nueva York, Berlín, París, Londres o Buenos Aires, estaría también presente en ciudades como Madrid o Barcelona. Con la entronización del franquismo, la presencia de esta subcultura desaparecería prácticamente de las vías y de los locales públicos donde, pese a ser objeto de persecución y estigma, habría brillado especialmente en las décadas de 1920 y parte de 1930.

Polémica suscitada en Francia por el libro "Foucault, la Gauche et la politique", de Moreno Pestaña

Desde su reseña en Le Monde por Serge Audier y a partir del debate suscitado en Médiapart, el libro Foucault, la gauche et la politique (Paris, Textuel, 2010), publicado hace unos meses por nuestro compañero José Luis Moreno Pestaña, no ha dejado de suscitar interés y controversia. La muestra más reciente la constituye este comentario de Olivier Doubre publicado en la revista Politis, donde contrasta la lectura propuesta por Moreno Pestaña con la biografía de Foucault que Eribon acaba de reeditar y con el reciente trabajo publicado por Judith Revel. Algunos adoradores incondicionales del filósofo francés -entre ellos el mismo Doubre- han puesto el grito en el cielo considerando la monografía de Moreno Pestaña como un libelo de la gauche ultradogmática, donde se acusa a Foucault, entre otras cosas, de connivencias con el gaullismo y el neoliberalismo, estimando su obra como un lastre que impide todo auténtico pensamiento de izquierdas. Lo interesante del asunto no son estas acusaciones, infundadas a poco que se lea el libro y se advierta, junto a una ponderada y realista perspectiva de la trayectoria político-intelectual de Foucault, el franco aprecio de su autor por una obra hoy convertida en clásica de la filosofía del siglo XX. No; lo curioso es el furor suscitado ante una mirada que, evitando la veneración hagiográfica, sitúa orteguianamente los textos en su contexto histórico e institucional de funcionamiento. Moreno Pestaña se acerca a su objeto desde una sociología de la filosofía inspirada en la abstención de las pasiones (non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere) y en un "amor intelectual" por la cosa misma, inspirados en Spinoza. Esta recepción, mezclada con la cálida acogida desde otros sectores de la intelectualidad francesa, podría abrir una interesante reflexión acerca del funcionamiento del mercado de bienes simbólicos en el medio universitario y de la existencia en él de lo que Bourdieu llamaba "clubes de mutua admiración". Esperamos con mucho interés la pronta edición castellana de este libro indispensable.

Lunes, 14 de marzo: Conferencia de Miguel Ángel Quintanilla en Cádiz

El lunes 14 de marzo, a las 19'30 h., el Catedrático de Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Salamanca, Miguel Ángel Quintanilla, pronunciará, en el Salón Regio de la Diputación Provincial de Cádiz, la conferencia titulada "La alianza del conocimiento y la democracia en la hora de la crisis ¿Qué debemos esperar de la cultura científico-técnica?". La conferencia se encuadra dentro del ciclo organizado por nuestro compañero Ramón Vargas-Machuca, titulado "Anticipar el futuro construyendo el presente Política, Ciencia, Economía y Sociedad". Miguel Ángel Quintanilla (n. Segovia, 1945), es uno de los filósofos españoles más significativos del periodo de la transición española. Discípulo de Gustavo Bueno y, posteriormente, de Mario Bunge, coordinó el legendario Diccionario de Filosofía Contemporánea (orig. 1976, reed por KrK en 2010), donde participó la flor y nata de la "joven filosofía española" que renovó el panorama intelectual del momento. Ha sido autor de obras tan relevantes como Tecnología: un enfoque filosófico (1988); La utopía racional (1989, en colaboración con Ramón Vargas-Machuca (Premio Espasa de Ensayo)) o Cultura tecnológica: estudios de ciencia, tecnología y sociedad (en colaboración con Eduardo Aibar, 2002). Miguel Ángel Quintanilla, posee además una dilatada carrera política, siendo secretario general del Consejo de Universidades (1991-1995) con el gobierno de Felipe González y Secretario de Estado de Universidades e Investigación (2006-2008) con el de José Luis Rodríguez Zapatero.

Geoffroy Huard de la Marre participa en el Coloquio sobre Masculinidades celebrado en la Universidad de Laval de Québec

Nuestro compañero del grupo HUM-536 y becario predoctoral de la UCA, Geoffroy Huard de la Marre , participará próximamente en el Coloquio titulado "Perspectives futures en intervention, politique et recherche sur les hommes et les masculinités" que se celebrará en la Universidad de Laval, en Québec, entre los próximos 9 y 11 de marzo. Su intervención tendrá lugar el viernes 11 a partir de las 11 horas. El título de su comunicación es "La désexualisation de l'espace public à Paris. La police face à la sexualité entre hommes dans les tasses, 1945-1975".

El sociólogo de la filosofía en el valle de Josafat: comentarios al libro de Gabriel Plata

El estudio de la filosofía española parece estar de moda. Aunque la Historia de la Filosofía española no deja de seguir siendo una cenicienta en el canon nacional de las disciplinas filosóficas, su importancia crece de día en día. No siempre son los filósofos los que contribuyen más a este florecimiento; desde la sociología, la historia del pensamiento político, la historia cultural o la historia de las ideas se vienen multiplicando los trabajos que, centrados en el estudio del campo intelectual, ayudan a esclarecer un pasado reciente todavía poco conocido. Sin afán de exhaustividad, menciono algunos de los ejemplos de esa excelente cosecha: El ensayo español del siglo XX, editado por Jordi Gracia y Domingo Ródenas (Barcelona, Crítica, 2008); Panorama de la filosofía española del siglo XX (Granada, Comares, 2008), de Armando Savignano; Los intelectuales y la transición política. Un estudio del campo de las revistas políticas en España (Madrid, CIS, 2008), de Juan Pecourt; Ocho filósofos españoles contemporáneos, editado por José Luis Caballero Bono (Madrid, Diálogo Filosófico, 2008); Rafael Calvo Serer y el grupo Arbor, de Onésimo Díaz Hernández (Valencia, Universidad de Valencia, 2008); Una historia de la filosofía del derecho española del siglo XX, de Benjamín Rivaya (Madrid, Iustel, 2010); De la institución a la Constitución, de Elías Díaz (Madrid, Trotta, 2009); La destrucción de una esperanza. Manuel Sacristán y la primavera de Praga, de Salvador López Arnal (Madrid, Akal, 2010); Cultura sin libertad. La sociedad de estudios y publicaciones (1947-1980), de Gonzalo Anes y Antonio Gómez Mendoza (Valencia, Pre-textos, 2009); Historia social de la filosofía catalana. La lógica (1900-1980), de Xavier Serra (Barcelona, Afers, 2010). A este elenco hay que añadir el nutrido trabajo colectivo coordinado por Manuel Garrido, Nelson Orringer, Luis M. Valdés y Margarita M. Valdés, El legado filosófico español e hispanoamericano del siglo XX, Madrid, Cátedra 2009). En los anaqueles de esta biblioteca ocupa un lugar irreemplazable la Revista de Hispanismo Filosófico, dirigida por José Luis Mora, indispensable para estar al día de lo que se cuece sobre este ámbito de estudio. Desde Cádiz hemos aportado nuestro granito de arena a este aluvión con Filosofía y Sociología en Jesús Ibáñez. genealogía de un pensador crítico, de José Luis Moreno Pestaña (Madrid, Siglo XXI, 2008) y La filosofía española. Herederos y pretendientes. Una lectura sociológica (1963-1990), Madrid, Abada, 2009, de Francisco Vázquez.
En medio de esta vorágine acaba de ver la luz un libro que debe tenerse en cuenta; se trata del volumen titulado De la revolución a la sociedad de consumo. Ocho intelectuales en el tardofranquismo y la democracia, de Gabriel Plata Parga (Madrid, UNED, 2010). De este autor se conocía La razón romántica. La cultura política del progresismo español a través de 'Triunfo' (1962-1975) (Madrid, Biblioteca Nueva, 1999), un trabajo muy bien informado y de mucha utilidad para el que quiera conocer los intríngulis de una publicación que fue crucial en la vida intelectual del tardofranquismo y la transición española. El nuevo trabajo de Gabriel Plata, menos delimitado y más ambicioso, deja, a nuestro parecer, mucho que desear. La lectura de la Introducción levanta muchas expectativas; se anuncia un recorrido por la historia intelectual española de los últimos cincuenta años desde la perspectiva de una historia social de las ideas. Se toman como referencia, ocho destacados pensadores, en su mayor parte filósofos de profesión -con las excepciones de Sánchez Ferlosio, el único situado fuera del mundo universitario, el filólogo García Calvo y el jurista Tierno Galván. El autor aclara que su interés no se dirige tanto a la reconstrucción de los sistemas conceptuales como al seguimiento de las distintas trayectorias intelectuales y su implicación en la vida política y en los debates de la opinión pública de la época. Con esto se quieren marcar las distancias respecto a una historia internalista de la filosofía que en el caso de los filósofos profesionales, constituye la marca de la casa. ¡Ya era hora! ¡Por fin una historia social y política del pensamiento español reciente que sabe evitar la camisa de fuerza de los reduccionismos y el reparto maniqueo de buenos y malos !
Cuando el lector se adentra en los distintos capítulos consagrados a la panoplia de los intelectuales seleccionados (Aranguren, Tierno Galván, Gustavo Bueno, Manuel Sacristán, García Calvo, Sánchez Ferlosio, Eugenio Trías y Fernando Savater), la curiosidad va dejando paso a la decepción.
En efecto, aunque Gabriel Plata se refiere en su Introducción al "campo intelectual" y a los "grupos intelectuales", semejantes entidades brillan por su ausencia a lo largo de su relato. Lo que encontramos en cambio es una aproximación idiográfica del tipo "el autor y su obra", multiplicada por ocho. No se considera el pensamiento como un hecho social, un proceso colectivo, por eso las trayectorias no se emplazan en las redes correspondientes de instituciones, y de maestros y discípulos. Tampoco se da cuenta de la posición de cada intelectual retratado situándola en el campo, es decir, en el espacio de diferencias que mantiene respecto al resto de las trayectorias intelectuales. Las trayectorias se presentan una a una, precedidas en cada caso por una nota biográfica -en la que a menudo se ofrecen interesantes datos sobre la procedencia social y otras circunstancias del pensador considerado- que, de modo abstracto queda desgajada de la travesía cronológica por sus obras. Estas aparecen presentadas al modo de una secuencia de fichas de lectura donde se ponen en relación los virajes (a veces verdaderos bandazos) del pensamiento político del intelectual concernido con una coyuntura social, política y cultural invocada de modo impresionista, a la manera de la sociología periodística ("la sociedad chata de 1972, invadida por tipos estadísticos medios, sin aristas, de mayorías silenciosas, había dejado paso en 1986 a un 'estallido de la pluralidad' que había hecho a los españoles más variopintos culturalmentey más libres para expresar sentimientos y opiniones"). A esto se suman algunas ingenuidades epistemológicas, como una confusión entre el objeto de conocimiento y el objeto real, citándose a Veyne pro domo sua ("las tipologías en historia no sirven porque los tipos no tienen existencia real, sino que son subjetivos, acotados por el historiador, la realidad es incierta y fluida y se escapa de las categorías"). O la utilización acrítica de la noción de "generación" ("de 1936", "del medio siglo", "de 1968"), olvidando la fundamental distinción, estipulada por Mannheim, entre localización generacional, unidad generacional y complejo generacional.
Pero lo más grave de este proyecto fallido no está en estas menudencias en la descripción y el análisis. El autor quiere ejercer también de Juez. Los intelectuales van desfilando cual gentiles en el Valle de Josafat, donde nuestro autor separa a los réprobos, los tibios y los bienaventurados. Los decretos del tribunal no se sustentan, y eso es un mérito del libro, en el escrutinio de un pasado más o menos puro o contaminado (aquí los antiguos falangistas vergonzantes, allá los revolucionarios antidemócratas, etc.) sino en la asunción de un principio filosófico que sobrevuela por encima de las contingencias históricas. La piedra de toque pasa por determinar si el intelectual en cuestión entiende su quehacer como un ejercicio constante de crítica desfundamentadora, sin considerar ningún valor como estable y permanente, o si admite una serie de "referencias" y "puntos fijos" (p. 49), esto es, de bienes morales objetivos situados por encima del mero capricho individual y de las preferencias de la tribu de turno. Los que como Aranguren ponen el énfasis en el inconformismo como norma acaban alentando el individualismo hedonista y consumista que pretendían recusar. Aquellos que, al modo de Gustavo Bueno, reconocen unos fundamentos estables -aunque sea desde el materialismo académico, pueden ser rescatados del fuego. En un cierto purgatorio estarían intelectuales como Sacristán, cuyos errores lo convierten en un personaje hoy fosilizado ("además, la democracia liberal ha cobrado una renovada legitimidad, y los riesgos totalitarios inherentes a la tradición marxista han sido ampliamente reconocidos. En este sentido, Sacristán resulta una figura lejana") pero salvable gracias a su carisma y ejemplo moral. A medida que uno se acerca al "balance" que Gabriel Plata, al final de cada capítulo, emite sobre los pensadores considerados, el lector se ve invadido por la inquietud; ¿se salvará mi maestro o quedará confinado en el infierno de los heresiarcas? Los principios que respaldan al tribunal forman parte de un poso católico y conservador. Pero esto es lo de menos; la historia-veredicto es siempre la misma (ya la denunció Lucien Febvre hace más de ochenta años, por no mencionar las lecciones de Max Weber sobre los juicios de valor en ciencias sociales), hágase desde los diez mandamientos o desde la preceptiva marxista-leninista. Se pueden tener convicciones católicas y liberal-conservadoras y escribir excelentes textos históricos. Gabriel Plata se ha formado en una escuela -la de Gonzalo Redondo, de la Universidad de Navarra- que ha dado excelentes frutos. Un ejemplo es el libro de Onésimo Díaz sobre el grupo Arbor y Calvo Serer. Se podría discutir su intento de "recuperar" la supuesta modernización e internacionalización intelectual alentada desde este equipo, pero los supuestos ideológicos no empañan un excelente trabajo de análisis y descripción. Lo mismo puede decirse de los magníficos trabajos de González Cuevas. Al concluir la lectura sólo queda la desilusión; una nueva lectura maniquea pero de nuevo cuño, una lectura que podría calificarse de "termidoriana". Apagadas por fin las pesadillas de la revolución, alimentadas por tanto intelectual desorientado, vuelve la gente de orden a restablecer la sensatez democrática, los valores perennes y las bondades de la competitividad, como Dios manda.

Ramón Vargas-Machuca coordina un ciclo de conferencias sobre ciudadanía, democracia y política local

Entre los meses de febrero y marzo de 2011 va a celebrarse un ciclo de conferencia, coordinado por nuestro compañero Ramón Vargas-Machuca, titulado "Anticipar el futuro construyendo el presente". El ciclo de conferencias pivota sobre dos aspiraciones básicas: la validez de la política local para resolver los problemas de los ciudadanos y la necesidad de entender las dimensiones de una crisis económica interrelacionada con la ciencia, la sociología o la política. "Saber lo que nos pasa... reflexionar", para que cualquier ciudadano o los concejales, que hoy son receptores de tantos problemas, puedan alcanzar las respuestas más adecuadas.

TEMAS Y CONFERENCIANTES:
El ciclo comprende 5 conferencias, delimitadas en los siguientes ámbitos: Política, Ciencia, Economía y Sociología. Las conferencias se impartirán los lunes de febrero y marzo –salvo los incluidos en el paréntesis de Carnaval- a las 19.30 horas en el Salón Regio del Palacio Provincial. La entrada es libre hasta completar el aforo de la estancia.
• Braulio Medel, presidente de Unicaja, abre el programa el próximo lunes 14 de febrero con la conferencia titulada 'La transformación del sistema financiero español'
• El 21 de febrero intervendrá el catedrático de Teoría Política de la Universidad Autónoma de Madrid, Fernando Vallespín (que fue además director del Centro de Investigaciones Sociológicas), con la conferencia 'El futuro de la política: ¿nuevos idearios y otras instituciones?
• El 14 de marzo Miguel Ángel Quintanilla, catedrático de Filosofía de la Ciencia y ex secretario de Estado de Universidades intervendrá con el título 'La alianza del conocimiento y la democracia en la hora de la crisis ¿Qué debemos esperar de la cultura científico-técnica?'
• Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada y consultor permanente de la Reserva Federal de Estados Unidos, reflexionará el 21 de marzo sobre 'Crisis y reformas económicas y financieras en la España de hoy'
• Y Manuel Pérez Yruela, profesor del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (y que fue portavoz del Gobierno andaluz) cerrará el ciclo el 28 de marzo con la conferencia 'La sociedad andaluza: claves de presente y futuro'.

José Luis Moreno Pestaña interviene en las Jornadas de Filosofía dedicadas a José Gaos

Entre los días 4 y 5 de febrero, están teniendo lugar en la Biblioteca Central de la UNED (Madrid), unas Jornadas de Filosofía acerca de "José Gaos. La actualidad de un filósofo". Entre los ponentes, intervienen Javier Muguerza, José Luis Mora, José Lasaga, Javier Sanmartín, Francisco José Martínez, Ramón del Castillo, Gerardo Bolado, y nuestro compañero José Luis Moreno Pestaña. Su conferencia, prevista para el sábado 5 a las 12'30 h., se titula "Gaos y la división del trabajo intelectual: un análisis de las confesiones profesionales". El programa de las jornadas puede encontrarse aquí

Moreno Pestaña sobre la filosofía en la era fascista y nacional católica

He aquí el texto base de la exposición oral que José Luis Moreno Pestaña realizará el jueves 3 de febrero (grupo de Historia de la Filosofía contemporánea) en el V CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD ACADÉMICA DE FILOSOFÍA: "RAZÓN, CRISIS Y UTOPÍA". El texto pretende responder a las preguntas de qué fueron los filósofos falangistas, nacionalcatólicos y marxistas a través del análisis de tres debates en los que se articula la historia del campo filosófico español. El texto resume un libro de próxima aparición (La norma de la filosofía. Para una genealogía del patrón filosófico español, Madrid, Biblioteca nueva)

El XV Encuentro de la Ilustración al Romanticismo (Cádiz, mayo 2011), dedicado al tema de la obscenidad, la vergüenza y el tabú

Entre los próximos 17 y 20 de mayo de 2011, se celebrará en Cádiz el XV Encuentro de la Ilustración al Romanticismo: Cádiz, Europa y América ante la modernidad 1750-1850. El tema de este año es: "Obscenidad, vergüenza, Tabú. Contornos y retornos de lo reprimido entre los siglos XVIII y XIX". Se convoca a todos los interesados para que presenten comunicaciones a este interesante Congreso. Puede encontrarse toda la información sobre contenidos y suscripción en esta dirección.

Publicada la versión española de "Los Invisibles". Una historia de la homosexualidad masculina en España, 1850-1939

La editorial Comares acaba de publicar en su colección de Historia, dirigida por Miguel Ángel del Arco Blanco, "Los Invisibles". Una historia de la homosexualidad masculina en España (1850-1939), de Francisco Vázquez García y Richard Cleminson. Se trata de la versión en español (realizada por los propios autores) del libro del mismo título, editado en inglés por The University of Wales Press. La traducción española, por otra parte, incorpora correcciones y ampliaciones, sumando casi un centenar de páginas más que la original edición en inglés. Incluye asimismo un Prólogo del profesor Chris Perriam, de la Universidad de Manchester. Se reproduce, debajo, una sinopsis del libro:

SINOPSIS DE "LOS INVISIBLES"

En los últimos quince años se ha podido asistir en España a una intensa proliferación de publicaciones sobre género y teoría “queer”. Sin embargo, los estudios históricos sobre la homosexualidad siguen siendo muy escasos. En Los Invisibles se trata precisamente de reconstruir la génesis contemporánea del sujeto homosexual en España, utilizando fuentes de índole muy variada y valiéndose de una metodología que revisa críticamente el conocido modelo foucaultiano. Además de analizar el papel desempeñado por los expertos (médicos, psiquiatras, criminólogos, pedagogos, etc.) en este proceso, se ponen de relieve los fenómenos de alarma social y política –concernientes a la corrupción de la infancia, el declive de la raza y la decadencia nacional- conectados con el asunto. Finalmente, se examinan los contornos de una subcultura homosexual emergente entre la segunda mitad del siglo XIX y la Guerra Civil española. Sólo atendiendo a este pasado, soterrado en buena medida por la prolongada sombra del periodo franquista, se pueden comprender las dinámicas actuales de la masculinidad y del movimiento gay español en su lucha contra la estigmatización y la desigualdad.

Geoffroy Huard de la Marre sobre la homosexualidad parisina de la posguerra

Entre los próximos 10 y 12 de febrero, en el Francis Marion Hotel, de Charleston (South carolina), se celebrará el congreso anual de la Society for French Historical Studies en Carolina del Sur. Nuestro compañero del grupo HUM 536, Geoffroy Huard de la Marre, presentará una comunicación en este encuentro, titulada "Les interactions homosexuelles dans les lieux publics à Paris, 1945-1975". Este trabajo se encuadra dentro de la investigación que viene realizando, relacionada con su tesis doctoral. El programa del Congreso puede se consultado en este website

Alejandro Estrella sobre la revista Dianoia y el campo filosófico mexicano

Entre los próximos días 26 y 28 de enero, se celebrará en el Centro Cultural y de Extensión "Casa Rafael Galván", Universidad Autónoma Metropolitana, Zacatecas 94, Roma Norte (MÉXICO D.F.), un interesante Coloqio Internacional sobre "Las Revistas en la Historia Intelectual de América y España". Entre los ponentes se encuentra nuestro compañero del grupo HUM-536 y profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana (Cuajimalpa), Alejandro Estrella González. Su intervención versará acerca del papel desempeñado por la revista mexicana Dianoia, en las transformaciones del campo filosófico mexicano.

Conferencia de Jacobo Muñoz en la UCA: miércoles 26 de enero

Jacobo Muñoz estará entre nosotros el próximo miércoles 26 de enero a las 13 h., en la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz. Pronunciará una conferencia acerca de la trayectoria intelectual de Manuel Sacristán. Catedrático de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y discípulo de Sacristán, Jacobo Muñoz es uno de los filósofos españoles más relevantes de los últimos treinta años. Reconocido como eminente especialista en filosofía contemporánea (marxismo, Escuela de Frankfurt, filosofía analítica, postestructuralismo) y contando también con una amplia carrera como traductor y editor, hay que destacar entre sus trabajos, los siguientes textos: Lecturas de Filosofía Contemporánea (1984), Inventario provisional. Materiales para una ontología del presente (1995), Figuras del desasosiego moderno. Encrucijadas filosóficas de nuestro tiempo (2002) y Filosofía de la historia (2010). Entre sus aportaciones como traductor y editor, se encuentran la traducción y edición crítica para Alianza Editorial del Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein y la Correspondencia entre Adorno y Benjamin para Editorial Trotta

Artículo de Ildefonso Marqués sobre el Informe Pisa y la Educación en Andalucía

Acaba de aparecer en el Diario de Sevilla un desmitificador artículo de nuestro compañero Ildefonso Marqués, acerca del Informe PISA y de sus implicaciones para la educación en Andalucía. El trabajo recuerda las cautelas y el necesario desapasionamiento que deben regir la lectura de una estadística sociológica.

Conferencia de Jaime de Salas Ortueta en la UCA (miércoles 19 de enero)

Jaime de Salas estará entre nosotros el miércoles 19 de enero a las 12:00 horas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Su conferencia se titulará "Comentario al epígrafe 20 de La idea de principio en Leibniz". Catedrático de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, Jaime de Salas es una de las máximas autoridades en el pensamiento de Ortega y un nombre básico en la filosofía española contemporánea. Se recoge una interesante entrevista con Jaime de salas

Francisco Vázquez García

Catedrático de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, miembro del grupo de investigación “Historia a Debate”, desde su fundación y del Consejo de Redacción de Er, Revista de Filosofía. Ha realizado estancias como investigador becado en el Centre Michel Foucault (Paris) y en el Centre de Recherches Historiques de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris). Ha sido decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UCA (2004-2005). Ha publicado artículos en diversas revistas de Historia (Annales HSS, Historia Social, Hispania, Historia Contemporánea, Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne, Mélanges de la casa de Velazquez, International Journal of Iberian Studies), Filosofía (Analecta Husserliana, Daimon, Pensamiento, Volubilis, Telos, Er, Revue Internationale de Philosophie) y Ciencias Sociales (Revista Mexicana de Sociología, Cahiers Alfred Binet, Revista de Educación, Cuadernos Andaluces de Bienestar Social), Historia de la Ciencia (Asclepio, History of Science). Ha colaborado en El Viejo Topo y en el suplemento cultural del Diario de Sevilla. Estudioso del pensamiento francés contemporáneo (escuela de los Annales, Canguilhem, Bourdieu, Foucault) y especialista en historia de la sexualidad en España. Sobre estos temas ha intervenido como profesor invitado en distintas universidades de España, México, Francia y Gran Bretaña. Libros publicados: Estudios de Historia de las Ideas (Sevilla, Imp. Gómez Caro, 1987), Perspectivas de Foucault (Sevilla, Imp. Gómez Caro 1988), Foucault y los Historiadores (Cádiz, Pub. Universidad de Cádiz1988), Estudios de Teoría y Metodología del Saber Histórico (Cádiz, Pub. Universidad de Cádiz, 1990), Foucault. La Historia como Crítica de la Razón (Barcelona, Montesinos, 1995), Bourdieu. La Sociología como Crítica de la Razón (Barcelona, Montesinos, 2002), Tras la Autoestima. Variaciones sobre el Yo expresivo en la Modernidad tardía (San Sebastián, Gakoa Ed., 2005); La invención del racismo. Nacimiento de la biopolítica en España, 1600-1940 (Madrid, Akal, 2008) y La Filosofía Española. Herederos y pretendientes. Una lectura sociológica (1963-1990), madrid, Abada, 2009 . Coeditor de BENTHAM, J.: De los Delitos contra uno mismo, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003 y de Otra Voz, Otras Razones. Studia in Honorem Mariano Peñalver Simó (Cádiz, Pub. Universidad de Cádiz, 2002). Junto al historiador Andrés Moreno Mengíbar ha publicado: Poder y Prostitución en Sevilla (siglos XIV al XX), 2 vols., (Sevilla, Universidad de Sevilla, 1995, reed. 1998), Sexo y Razón. Una Genealogía de la Moral Sexual en España (siglos XVI-XX) (Madrid, Akal, 1997), Crónica de una Marginación. Historia de la Prostitución en Andalucía desde el siglo XV hasta la actualidad (Cádiz, 1999) e Historia de la Prostitución en Andalucía, Sevilla, Fundación José Manuel Lara, 2004. Junto al hispanista Richard Cleminson ha publicado "Los invisibles". A History of male homosexuality in Spain 1850-1940, Cardiff, Wales U.P., 2007 (traducción castellana en Granada, Comares, 2011) y Hermaphroditism. Medical science and sexual identity in Spain (1850-1960), Cardiff, Wales U.P., 2009. Ha intervenido en obras colectivas publicadas en editoriales de prestigio (Biblioteca Nueva, Anthropos, Tusquets, The Haworth Press, Éditions Kimé).
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7 de enero de 2011: Presentación en Sevilla del libro "De Vagos y Maleantes. Michel Foucault en España"

El próximo viernes 7 de enero a las 21 horas y en la Librería "La Fuga" C/ Conde de Torrejón nº 4 (esquina con Amor de Dios), se presentará "De Vagos y Maleantes. Michel Foucault en España" (Barcelona, Virus Editorial, 2010), obra de Valentín Galván, compañero de nuestro grupo de investigación HUM-536. En la página de la editorial puede encontrarse un enlace para acceder a las numerosas reseñas recibidas por el libro. Este se presentó recientemente en el Salón de Actos de la Oficina de Turismo de Fregenal de la Sierra. Extractamos debajo un resumen de la intervención de Valentín Galván en este acto:

"Vivimos en unos tiempos en que la distancia entre el pensamiento crítico y el procedente de la Academia nunca había sido tan grande, y eso que hoy más que nunca resulta necesario repensar la sociedad en su conjunto para poder siquiera atisbar la posibilidad de un mundo futuro donde la vida sea digna de ser vivida.
De vagos y maleantes, Michel Foucault en España nos permite acercarnos a una época de una gran vitalidad política y creatividad intelectual, la del final del franquismo y la posterior Transición en el Estado español. Este periodo se caracteriza por una eclosión de movimientos sociales (vecinales, feministas, de liberación sexual, de crítica de las instituciones totales como la cárcel o el manicomio, etc.), ansiosos por recrear nuevos discursos superadores de las anquilosadas tesis marxistas oficiales y por dibujar horizontes de ruptura que fueran más allá de la reforma o pacto a la baja que finalmente devendría la Monarquía constitucional.
Tanto en la calle como en la Universidad y su entorno, la progresiva entrada de los textos de Foucault fue seguida con gran atención, marcando de manera muy significativa la discusión política y filosófica del momento. El filósofo de Poitiers no dejó a nadie indiferente, ni a los que, aunando reflexión y praxis, se valieron con toda libertad de su «caja de herramientas» para encontrar nuevas vías de análisis y actuación para la transformación social; ni a los que, viendo peligrar las viejas ortodoxias marxistas, veían en Foucault un peligro para su hegemonía en el ámbito académico.Tal y como se refleja certeramente en esta radiografía de la Transición, los debates que el discurso crítico de Foucault provocó en los medios académicos y fuera de los mismos, para algunos no fueron más que una mera moda intelectual, en su época de «enfants terribles» o de «comunistas de salón» tipo Fernando Savater, Josep Ramoneda o Gabriel Albiac, antes de pasar a ejercer de intelectuales orgánicos del nuevo régimen. Sin embargo, tanto entonces como ahora las reflexiones de Foucault siguen siendo para muchos un referente fundamental para el análisis de las formas de opresión y la elaboración de nuevos discursos emancipatorios"